En un video de 17 minutos al que ha tenido acceso NAIZ, el delegado de las FARC Ricardo Téllez urge a «lograr un rumbo de irreversibilidad y de verdadero compromiso hacia la conquista del acuerdo final» e insta a acordar un cese de las hostilidades para «evitar nuevas víctimas». Afirma que ya han comenzado a abordar «asuntos que apuntan a tomar medidas que den paso al cese de fuegos y de las hostilidades, y estamos observando caminos que conduzcan a la dejación de las armas, lo que para nosotros significa la no utilización de éstas en política. Todo esto dentro unos compromisos bilaterales que impliquen también la desmilitarización de la sociedad y del Estado». Plantea la posibilidad de lograr un «pronto armisticio» que «permita generar un mejor ambiente para la conclusión de los acuerdos y su implementación dentro de un escenario en el que queda deshechado cualquier planteamiento gubernamental de sometimiento». Remarca también que el tratado de paz deberá «reconocer el derecho a la rebelión como derecho universal puesto en práctica por la insurgencia» y en este sentido reclama el restablecimiento del «delito político».

Sobre estos dos años de conversaciones, destaca que tanto los tres acuerdos parciales firmados hasta la fecha como gran parte de las 28 salvedades planteadas por las FARC «no son otra cosa que reivindicaciones cuyas soluciones se pueden materializar cumpliendo las normas legales y constitucionales vigentes. Un Estado con verdadera voluntad de paz no tendría que hacer un descomunal esfuerzo para hacer realidad estas aspiraciones».

Advierte que «por más intentos de restitución, formalización y distribución de tierras que se hagan, una reforma rural integral como la que pretende el primer acuerdo parcial será imposible si no se resuelven el grave problema del latifundio, que sigue latente, o los conflictos sobre el uso de tierras».

En cuanto al acuerdo sobre las garantías políticas, incide en que «por más iniciativas de participación que se hayan pactado, la expansión de la democracia no será cierta si se continúa con la contrarreforma política que impide acceso a las minorías a instancias de representación; si se mantiene la doctrina de seguridad y la concepción del enemigo interno; el paramilitarismo; las leyes liberticidas de seguridad ciudadana; la pretensión de aprobar un fuero militar de impunidad o el monopolio mezquino de los medios de comunicación».

Asimismo, Téllez denuncia que «aún pervive la vieja política de narcóticos, que en Colombia ha favorecido la corrupción, el crimen y la ofensiva contrainsurgente de un Estado capturado en gran medida por las mafias del narcotráfico». No obstante, celebra que «el tercer acuerdo concibe una nueva política de drogas de uso ilícito fundamentado en el carácter social del problema, desmilitarizándolo, restándole el acento prohibicionista y punitivo respecto a campesinos y consumidores, que en realidad son víctimas y representan el eslabón más débil del problema».

Critica que «ese horizonte de derechos está en contraste con la política que lleva a cabo el Gobierno y con lo logrado» en la mesa de conversaciones de La Habana. «Nuestra contraparte en la mesa mientras firma compromisos en un sentido, avanza en el contrario con iniciativas legislativas neoliberales que tiran por la borda la posibilidad seria de una reforma rural integral y la anhelada expansión de la democracia en condiciones de justicia social». Subraya que «nadie entendería que las FARC-EP depusieran su lucha sin que con ella hayan aportado de manera sustancial a la superación» de las causas del conflicto armado.

En relación a la captura del general Rubén Alzate, hecho que originó la suspensión unilateral de los diálogos por parte del presidente Juan Manuel Santos, considera que «no es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que la insurgencia le otorgue inmunidad» y compromete «la creatividad y paciencia» de la guerrilla «en momentos de dificultades».

Mensaje del ELN

También se ha difundido un mensaje del Ejército de Liberación Nacional (ELN), firmado por su primer comandante Nicolás Rodríguez Bautista –que adjuntamos íntegro– en el que este grupo resalta «la necesidad urgente de un cese al fuego y hostilidades», de contar «con la participación protagónica de la sociedad en el proceso de paz y en la vida del país» y de «garantizar los derechos de los luchadores populares que siguen siendo asesinados, perseguidos y judicializados».