Tal y como estaba anunciado, la mayoría parlamentaria independentista formada por Junts pel Sí y la CUP ha forzado esta mañana la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. De esta forma, el Parlament ha aprovechado el último pleno antes del parón estival para desobedecer una interlocutoria del Tribunal Constitucional, que el pasado 19 de julio advirtió contra la votación de dichas conclusiones.

La advertencia del TC llevó a Catalunya Sí que Es Pot (CSQP, suma de Podemos e ICV-EUiA) a rechazar la inclusión de la votación en el orden del día pactado por la Mesa del Parlament, tal y como se esperaba en principio. Así, han tenido que ser los 72 diputados de JxSí y la CUP los que, en medio del pleno, hayan tenido que echar mano del reglamento para introducir el cambio en el orden del día. Algo que ha generado las protestas de PP, PSC, Ciutadans y CSQP, pese a que estos últimos incluían en su programa electoral la defensa de un proceso constituyente no subordinado a las instituciones españolas.

En la votación final, las conclusiones han sido aprobadas por 72 votos a favor y los 10 votos de en contra de CSQP. PP y Ciutadans, que han tachado la iniciativa de «ilegal», han abandonado el hemiciclo, mientras que el PSC, aunque presente, no ha participado en una votación que ha ignorado las advertencias del TC, que consideró las actividades de la comisión sobre el proceso constituyente herederas de la Declaración de Desconexión del 9N, suspendida por el propio TC.

Las conclusiones

Entre las conclusiones aprobadas que el TC quería evitar y que ahora habrá que ver hasta qué punto se aplican, constan puntos como que «la única manera posible de ejercer este derecho (a decidir) es por la vía de la desconexión y la activación de un proceso constituyente propio». También que «el pueblo de Catalunya tiene la legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio».

En lo concreto, la Comisión concluye que el proceso constituyente debe constar de tres fases: «Una primera de proceso participativo, una segunda fase de desconexión con el Estado y convocatoria de unas elecciones constituyentes que conformarán una Asamblea Constituyente, que redactará un proyecto de Constitución. En una tercera fase será ratificada a nivel popular mediante referéndum».

Además, las conclusiones explican los dos pasos en los que se debería realizar la desconexión respecto a la legalidad española: en primer lugar, mediante la aprobación de las leyes de desconexión por parte del Parlament (Hacienda propia y Seguridad Social, por ejemplo) y, en segundo lugar, mediante lo que ambiguamente se describe como «mecanismo unilateral de ejercicio democrático», punto en el que los defensores de un referéndum unilateral ven la brecha para convocar el plebiscito definitivo.