La jueza Carmen Lamela ha atendido la petición de la Fiscalía y ha decretado prisión incondicional para el vicepresident catalán, Oriol Junqueras, y para los consellers Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borràs (Gobernación), Raül Romeva (Asuntos Exteriores), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).

También ha ordenado el ingreso en la cárcel de Santi Vila, conseller de Empresa que dimitió antes de la declaración de independencia, aunque podrá eludirla si abona una fianza de 50.000 euros.

A Estremera y Alcalá Meco

A pesar de que en un principio los consellers iban a ser dispersados en cinco prisiones distintas, finalmente Interior ha decidido ingresarles en Alcalá Meco (las mujeres) y los hombres en Estremera por «motivos organizativos», según la agencia Europa Press.

La jueza justifica los encarcelamientos en que aprecia «alta probabilidad» de riesgo de fuga porque «tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero». Alude al desplazamiento de Puigdemont y otros cuatro consellers a Bruselas y señala en su auto que «en este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido».

También observa un «alto riesgo» de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las «actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años». 

La magistrada considera su decisión «adecuada, razonable y proporcionada» y destaca la gravedad de los delitos que se imputa a los integrantes del Govern –rebelión, sedición y malversación de caudales públicos– y de las penas que llevan aparejadas. «Teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida», argumenta.

Para Lamela cobra «especial importancia el papel de todos los querellados desde sus cargos públicos sin los cuales el proceso independentista no hubiera podido impulsarse». La acción de los miembros del Gover ha sido «meditada y perfectamente preparada y organizada» y se ha desarrollado «dentro de un grupo perfectamente organizado de personas», apoyados por entidades soberanistas «con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia» y que actúan como «brazo civil del levantamiento», en alusión a la ANC y Òmnium Cultural, «que ha jugado un papel decisivo en el proceso».

Vila «desistió voluntariamente de proseguir con el proceso»

En el caso del exconseller de Empresa Santi Vila, justifica la fianza para eludir la cárcel porque considera que no hay riesgo de que reitere el delito porque «él mismo desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista el día 26 de octubre de 2017, esto es, un día antes de que la DUI fuera votada en el Parlament».

Para Lamela, ello «pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el hecho secesionista».

En el caso de que abone la fianza, indica que se le impondrán una serie de medidas cautelares como la prohibición de salida del Estado español, la entrega del pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado, al entender que sí existe riesgo de que se fugue.

La Fiscalía pide detener a Puigdemont

La jueza todavía no ha decidido sobre la petición de la Fiscalía de detener a Carles Puigdemont y a los cuatro consellers que permanecen con él en Bruselas: Antoni Comin, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí. La Fiscalía pide que las órdenes se dirijan a las autoridades belgas al constar que han viajado a ese país.

El Ministerio Público asegura que «constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio, así como reiteradas llamadas telefónicas, a las que se ha hecho caso omiso» por parte de esos imputados para los que pide la detención.

Por su parte, añade, Puigdemont «ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero actual».

«Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados», pese a lo cual, destaca el fiscal, estas cinco personas «no han comparecido».