El jueves 23 de setiembre dos imágenes mostraban no sólo la distancia geográfica que existe entre Colombia y Euskal Herria. Mientras en La Habana el presidente Santos procedía a estrechar la mano de su otrora enemigo, el comandante Timoleón Jiménez, en Baigorri un operativo policial, promovido por el Gobierno español, procedía al arresto de dos de los supuestos miembros de ETA que en octubre de 2011 respondían de manera positiva al emplazamiento realizado en la Conferencia Internacional de Aiete. Entonces, ETA declaró el fin de su actividad armada y se mostró dispuesta a entablar un dialogo con el Gobierno español para encarar las cuestiones técnicas referidas a las consecuencias del conflicto: victimas, presos y exiliados, desmilitarización y desarme. Una oportunidad histórica para un Gobierno español recién llegado al poder. Una oferta que cualquier gobierno en su cabal juicio no podría rechazar.

Al mismo tiempo y en otro continente el Gobierno colombiano y una guerrilla insurgente se arriesgaban a entablar contactos discretos con la esperanza de llegar a un escenario de paz. Así, en Colombia, se firmaba el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, producido tras meses de conversaciones directas y secretas, entre delegados del Gobierno de Santos y delegados de las FARC-EP, en La Habana el 26 de agosto de 2012. Desde ese primer acuerdo mucho se ha andado en el proceso colombiano. Se acordaron los puntos referidos a la política de desarrollo agrario integral, solución al problema de las drogas ilícitas, participación política y ahora, recientemente, el muy importante referido a justicia y víctimas. En esta última ronda se acordó, además, el proceder a alcanzar el acuerdo final en un plazo de seis meses.

Mientras esto ocurría en La Habana, en Madrid el Gobierno se aferraba y se aferra a un proceso con «vencedores y vencidos», a la aplicación de una legislación extraordinaria y ad hoc para con los presos vascos en contra de los estándares internacionales y que lo único que busca es la venganza. A todo esto se añade la denominada «batalla del relato». Desgraciadamente, parece que cuenta además en Euskal Herria con fuerzas institucionales que, incomprensiblemente, se muestran dispuestas, si no a suscribir en su totalidad dicha política, si al menos a acompañarla. No es posible, si no, entender la similitud en exigencias con el Gobierno central que desde estas instituciones vascas se hacen.

Pero a pesar de este bloqueo absoluto, nadie puede negar que el proceso colombiano nos deja algunas lecciones a tener en cuenta. La primera, la importancia de un liderazgo comprometido y seguro de su objetivo a pesar de las dificultades que puedan surgir. Si algo ha demostrado el proceso colombiano es que consta de dos liderazgos sólidos y comprometidos con el proceso. Las FARC han sabido priorizar el avance del proceso a pesar de gravísimos actos como la muerte de dos de sus comandantes y los ataques armados que no han cesado durante el proceso, la persecución política... El Gobierno colombiano, asimismo, ha demostrado su capacidad de compromiso con el proceso a pesar del continuo ataque del Uribismo, los medios de comunicación, las encuestas, los sabotajes desde los propios servicios de inteligencia etc. Mientras tanto, el Gobierno español insistía en la negación a cualquier diálogo con ETA.

La segunda lección se refiere a una sociedad volcada en la construcción de una paz duradera con justicia social. Han sido así innumerables las actividades que desde la sociedad se han llevado a cabo para apoyar el proceso. Actividades que han llegado hasta a incluir la presencia física de las víctimas en los diálogos de La Habana dando testimonio de su dolor. Una sociedad que en las propias elecciones ha apostado por la paz con decisiones difíciles para algunos como lo fue el apoyo de sectores de izquierda a la candidatura de Santos para poder asegurar el avance del proceso. Un impulso social claro que también ha existido en Euskal Herria con propuestas como las recomendaciones de los Foros Sociales por la paz, Bake Bidean, actuaciones a nivel local etc. Pero que es necesario reactivar y fortalecer.

El tercer elemento ha sido la capacidad de llegar a acuerdos hasta en las cuestiones más difíciles. Los negociadores del Gobierno y las FARC han demostrado una inmensa capacidad de trabajo, comprensión de los asuntos básicos del conflicto y su actual realidad, las dificultades propias y las del adversario para construir confianzas. El acuerdo sobre justicia y víctimas es el más claro exponente. Las partes han sabido acordar un marco de justicia transicional. Además de ello ha sabido otorgarse previamente de una Comisión Histórica del Conflicto. Comisión que ha tratado de analizar las complejas razones del conflicto y que desde la certeza de que no es posible establecer una verdad única y definitiva sobre lo sucedido, decidió no presentar un solo informe conjunto, con el argumento de que la verdad sobre el conflicto no es una sola.

Desde esta visión poliédrica del pasado, en Colombia han sabido construir un marco para la paz, la justicia y la verdad que desde el reconocimiento de la necesidad de justicia y reparación de todas las víctimas, sin distinción ni clasificación, busca la reparación de las mismas y del conjunto de la sociedad no sobre parámetros punitivos, y menos aún vindicativos, sino reparadores y sanadores. Un marco de justicia que ayude a la transición a un escenario de paz inclusivo y sin olvido. Un acuerdo de justicia transicional que del mismo modo hace uso del conjunto de mecanismos que otorga la legislación nacional e internacional para poder resolver de manera adecuada e imaginativa la existencia de un amplio número de combatientes que necesitan de un proceso de reintegración.

Vemos de nuevo las grandes diferencias existentes entre aquellos que reconociendo la integridad del adversario tratan de construir con el mismo un escenario de paz justa y duradera, y aquellos que definen un proceso de paz como el modo de imponer por el mismo aquella visión que no han sido capaces de imponer durante la crudeza del conflicto. Aquellos que buscan en un proceso de paz la derrota que no han logrado en un escenario de conflicto.

Otra de las lecciones es el apoyo de la comunidad internacional como elemento que ayuda a avanzar en el proceso. El proceso colombiano ha contado no solo con países garantes y acompañante sino con un sinfín de apoyos técnicos a todos los niveles. En nuestro caso si bien es claro el interés de actores internacionales en apoyar este proceso no es menos cierto el conjunto de intentos saboteadores y de obstrucción total desarrollados por el Gobierno español para con aquellos interesados en aportar a este proceso. Interés que se refleja de manera más nítida en los intentos de echar tierra sobre la Conferencia Internacional de Aiete y sus recomendaciones, que siguen siendo totalmente validos a día de hoy.

El proceso colombiano muestra que con voluntad de ambas partes, con el apoyo de la sociedad, instituciones y el aliento de la comunidad internacional, incluso los procesos más enconados son posibles de solucionar.

En Euskal Herria, por desgracia carecemos de este tipo de proceso de paz. El Gobierno actual del PP trató desde el primer momento de sabotear la paz y por desgracia ha contado con ciertas colaboraciones pasivas en Euskal Herria. Sin embargo, ante la negativa del Gobierno español a avanzar, contamos al menos con la firme apuesta de la sociedad vasca para alcanzar la paz. Por ello, a pesar del conjunto de obstáculos que desde Madrid se desean imponer no cejaremos en la construcción de una país libre y en paz. Porque de los contrario estaríamos entregando la llave de la paz al enemigo. Hace escasos años la comunidad internacional definía el conflicto colombiano como uno de los más difíciles de resolver. Hoy la solución está más cerca que nunca. Ojalá más temprano que tarde podamos decir lo mismo.