2015/10/19

Personas vinculadas a Askapena han sufrido años de seguimientos

Decenas de personas vinculadas a Askapena han tenido sus comunicaciones controladas y sus cuentas bancarias vigiladas durante años. Sin embargo, la Fiscalía no ha encontrado ningún indicio de delito en esta investigación, que supone una grave intromisión en su intimidad. La única prueba contra los cinco militantes de Askapena que a partir de hoy se sentarán en el banquillo de los acusados es un papel incautado a Xabier López Peña en 2008.

Martxelo DÍAZ|IRUÑEA
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Cinco militantes de Askapena (Aritz Ganboa, Walter Wendelin, Gabi Basañez, Unai Vázquez y David Soto) acudirán hoy a la Audiencia Nacional española para ser juzgados por su trabajo internacionalista. Son cinco los miembros de Askapena que se sientan en el banquillo de este nuevo juicio político, pero han sido decenas las personas que han sufrido durante años una persecución y un control propio del “Gran Hermano” de George Orwell.

Así, en el sumario aparecen recogidas las intervenciones telefónicas y de comunicaciones realizadas por las Fuerzas de Seguridad españolas a decenas de personas vinculadas, de una u otra manera, a Askapena. Fuentes jurídicas subrayan que «se ha controlado todo, absolutamente todo».

La intercepción de las comunicaciones no se ha referido exclusivamente a las actividades internacionalistas de las decenas de personas que han tenido vinculación con Askapena en los últimos años, sino que también se han recogido aspectos relacionados con su vida familiar o social.

Este grado de exhaustividad en el control de llamadas telefónicas y otras comunicaciones se ha trasladado también a las cuentas bancarias. Aquí también se ha mirado todo. No solo las de los cinco acusados, sino también de todas aquellos que han estado vinculados de alguna u otra manera a Askapena en los últimos años. Incluso, se han revisado con lupa cuentas de allegados de las personas relacionadas con Askapena.

El celo con que han actuado los agentes policiales ha sido extremo igualmente a la hora de indagar en las cuentas bancarias. Se han mirado los movimientos de las tituladas por Askapena, pero también las personales de decenas de ciudadanos. En el sumario aparece recogido, por ejemplo, que una persona pidió una hipoteca o un préstamo para comprar un coche. Pero también que usó su tarjeta de crédito para abonar una compra en una farmacia. Fuentes jurídicas subrayan que es impresionante el alto grado de intromisión en la intimidad y el control social que han padecido decenas de personas durante años en Euskal Herria, simplemente por haber asumido un compromiso internacionalista, de izquierdas y abertzale.

Esta investigación exhaustiva, sin embargo, no ha servido para nada desde el punto de vista procesal. Ni en las conversaciones telefónicas que escucharon, ni en las comunicaciones electrónicas que interceptaron, ni en las cuentas bancarias que escudriñaron han sido las FSE capaces de encontrar un solo indicio de actuación ilegal, ni de los cinco que se sentarán hoy en el banquillo ni del resto de sus compañeros. Algo completamente lógico, teniendo en cuenta que Askapena es una organización que realiza su actividad de manera pública. De hecho, la prolija investigación económica ni siquiera se ha tenido finalmente en cuenta a la hora de justificar la acusación.

Un papel de 2008

Así, la única prueba sobre la que la Fiscalía ha construido toda su acusación es un documento intervenido al fallecido dirigente de ETA Xabier López Peña al ser detenido en 2008. Se trata de una radiografía de las distintas organizaciones de la izquierda abertzale en la que aparece Askapena y el nombre de sus responsables. No se trata de un documento elaborado por ninguno de los cinco acusados.

Desde ahí, la Fiscalía concluye que ETA dirige a las organizaciones que aparecen ahí y considera que Askapena es la encargada de las relaciones internacionales de la organización armada, un papel que en su momento ya atribuyó a Xaki.

La acusación imputa a los miembros de Askapena haber actuado a las órdenes de ETA organizando, por ejemplo, el boicot a Israel. Obvia que esta campaña es de ámbito internacional –se denomina BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones)– y fue impulsada por decenas de movimientos sociales, políticos y sindicales de Palestina, siguiendo el modelo de la lucha sudafricana contra el apartheid.

Algo similar ocurre con la campaña contra Coca-Cola que Askapena impulsa en Euskal Herria. Según la Fiscalía, se organizó siguiendo las directrices marcadas por ETA, a pesar de que es un llamamiento a nivel mundial que organizó el sindicato Sinaltrainal para denunciar la situación de acoso por parte de los paramilitares, con la complicidad de la multinacional con sede en Atlanta, que padecían.

Se trata, por tanto, de un ejemplo más de juicio político basado en la premisa impulsada por Baltasar Garzón del «todo es ETA», allá por 1998 pero vigente todavía. Fuentes jurídicas destacan que a los acusados se les imputa un delito en el plano ideológico, ya que no hay ninguna prueba que ampare una presunta conexión entre ETA y Askapena. La acusación no va más allá de constatar una presunta coincidencia de carácter ideológico.

Curiosamente, a pesar de que señala que los cinco acusados actuaron siguiendo las órdenes de ETA, la Fiscalía no concluye que existió un delito de «integración», sino que lo rebaja a «colaboración».

Del mismo modo, a pesar de establecer que Askapena había asumido las relaciones internacionales de ETA, la Fiscalía no la considera «organización terrorista».

El desenlace del caso, desde hoy en la Audiencia Nacional.

Un colectivo que lleva trabajando desde la década de los 80

A pesar de que la Fiscalía basa su intento de vincular a Askapena con ETA en un documento incautado en 2008, la organización internacionalista lleva trabajando en Euskal Herria oficialmente desde 1987, cuando se articuló el apoyo a la Revolución sandinista que existía ya antes de esa fecha.

El trabajo de Askapena en estos años es precisamente la base de la defensa en el juicio que comenzará hoy. Así, frente a la acusación de la Fiscalía de que las brigadas se han organizado a instancias de ETA, se documentará que estos viajes de solidaridad existen desde hace más de 20 años. Del mismo modo, ante la acusación de coordinar la red Euskal Herriaren Lagunak (EHL) a instancias de ETA, se destacará que los comités de solidaridad existen igualmente desde hace décadas, con uno u otro nombre.

La defensa de los acusados incidirá en que Askapena es una organización con estructura estable y continua desde la década de los 80 y que el internacionalismo es una práctica compartida por personas pertenecientes a ámbitos muy diferentes.

Asimismo, numerosos testigos explicarán en qué consiste el trabajo internacionalista de Askapena en América, Palestina, Sahara Occidental u otras zonas del mundo. A la Audiencia Nacional acudirán personas que han compartido con Askapena la solidaridad con los oprimidos. M.D.

CUENTAS


Las cuentas bancarias de los acusados y de decenas de personas vinculadas a Askapena han sido escudriñadas hasta el más mínimo detalle durante años. Pese a ello, no se ha detectado ninguna ilegalidad económica.

«COLABORACIÓN»


David Soto, Walter Wendelin, Aritz Ganboa, Unai Vázquez y Gabi Basañez están acusados de «colaboración» por haber actuado a las órdenes de ETA, por lo que les piden seis años de prisión. No han sido acusados de «integración».

BOICOTS


La Fiscalía acusa a los miembros de Askapena de organizar a instancias de ETA los boicots a Israel y Coca-Cola, a pesar de que son dos campañas de ámbito internacional surgidas por llamamientos desde Palestina y Colombia.