Cuatro apoderados de EH Bildu en las Juntas Generales de Gipuzkoa se han personado como acusación particular en el «caso Bidegi», según ha sabido GARA, con el objetivo de llegar hasta el final en el proceso que lleva un juzgado de Azpeitia para aclarar las presuntas malversaciones en el seno de la sociedad pública durante las obras de la AP-1. Esta misma mañana, a las 10.30, la coalición ofrecerá una rueda de prensa al respecto en Donostia.

Respuestas por escrito

Por otro lado, la diputada de Infraestructuras y Movilidad, Aintzane Oiarbide, ha respondido por escrito a EH Bildu a las preguntas formuladas respecto al asesoramiento jurídico que recibieron las imputadas Mirari Azurmendi y Silvia Armenteros. Niega que recibieran tales servicios por parte de la Diputación, concretamente de Antton Ibargutxi, pese a que su nombre consta en las diligencias, como publicó GARA el 14 de julio. Alega que el letrado, funcionario de la Diputación desde hace años, lo hizo «por cuenta propia» y «durante cuatro días».

Por cuenta propia o no, sí admite que el cargo de Ibargutxi como jefe de Servicio B de Defensa y Asesoramiento Jurídico tiene «exclusividad» y reconoce que el asunto está siendo analizado por la Dirección General de Función Pública.

La diputada también niega que el nuevo director de Bidegi, Alfredo Etxeberria, se reuniera con tres de los imputados, extremo del que también informó este diario el 6 de julio. Según la respuesta dada, Etxeberria estaba reunido con Armenteros por asuntos laborales el 29 de junio cuando, «por motivos particulares», Agustín Zugasti, otro imputado, acudió a las oficinas de Bidegi. Este «mostró interés en conocerle personalmente» a Armenteros. «El encuentro duró diez minutos y los temas tratados con brevedad no estaban relacionados con las querellas», responde textualmente.

También adelanta que Diputación confeccionará un informe técnico sobre las querellas.