El Gobierno de Gasteiz no cesará a cargos investigados hasta que no se acuerde la apertura de juicio oral. Así se desprende de las declaraciones realizadas ayer por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, que echó mano de la doctrina de la Comisión de Ética Pública (CEP), presidida por él mismo, para responder a las preguntas del parlamentario de EH Bildu Igor López de Munain, quien pidió a los integrantes del Gabinete de Urkullu que «eviten que personas imputadas por casos gravísimos de corrupción sigan desempeñando una labor pública». «Ustedes deben actuar y el momento de hacerlo es ya. Y por eso preguntamos: ¿van a hacer algo?, ¿han hecho algo?, ¿esperan hacer algo?», inquirió.

En su repuesta, Erkoreka se limitó a recordar que Lakua se ha personado en tres procedimientos judiciales, y advirtió de que las resoluciones de la CEP son públicas. Y sí, estas resoluciones son públicas, pero también anónimas, por lo que es imposible encontrar el dictamen relacionado con Hernando Lacalle, director de Presupuestos del Ejecutivo jeltzale e imputado por el «Caso DenokInn», una presunta trama de malversación de caudales públicos. Cabe señalar que, de los siete acuerdos publicados por la CEP en el 2016, cuatro están relacionados con supuestos casos de malversación.

El primer acuerdo, fechado el 22 de marzo, hace referencia a una consulta realizada por un director del Gobierno de Gasteiz que, en un «escueto email, se limita a poner en conocimiento de esta CEP que el pasado 4 de marzo recibió una notificación del citado Juzgado, convocándole a comparecer ante el mismo con objeto de ‘ser oído en concepto de investigado como responsable de hechos constitutivos, aparentemente, de un delito de malversación’».

El segundo acuerdo está fechado un día después, el 23 de marzo, y recoge un escrito de un director que «se limita a poner en conocimiento de esta CEP que ‘como consecuencia de la querella presentada por (...), querella relativa a diversos aspectos de (...)’ acaba de llegar a su poder una notificación del citado Juzgado, convocándole a comparecer ante el mismo, con objeto de ‘ser oído en concepto de investigado como responsable de hechos constitutivos, aparentemente, de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación de las Administraciones’». El 28 de abril se pública otro acuerdo asociado a la consulta de un director de Lakua que ha sido citado a declarar como responsable de hechos constitutivos, «aparentemente, de un delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude en la contratación». La misma imputación se repite en un acuerdo publicado por la CEP un mes después, el 25 de mayo.

En estos casos, la comisión establece que «el autor de la consulta puede continuar en el ejercicio del cargo que ocupa, hasta que, en su caso, el juez o tribunal competente dicte auto acordando la apertura del juicio oral». Y señala que, «para el supuesto de que las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo en el seno del citado procedimiento desemboquen en la apertura del juicio oral, esta CEP recomienda el cese cautelar del cargo afectado». Además, en los últimos dos casos, solicita al «interesado que mantenga informada a esta CEP en torno a las resoluciones que vaya adoptando el juzgado de referencia en el procedimiento que ha dado lugar a la consulta».

«Caso DenokInn»

Igor López de Munain criticó la respuesta de Erkoreka, y censuró que «el Código Ético parece que se firmó para lavar la imagen de un gobierno que ampara los casos de corrupción que van sembrado un terreno que parecía inmaculado. Y la realidad es que la lista de casos, con cargos del PNV en el medio, sigue creciendo». A este respecto, recordó que, además de Hernando, Miren Karmele Arias, jefa de RRHH de la Ertzaintza, ha sido llamada a declarar como imputada por el caso de los pagos generalizados en las dietas.

En cuanto al “Caso DenokInn”, en el que también está imputada la ex diputada foral Arantza Zenarruzabeitia, señaló que el juez ha abierto una investigación «por facturas falsas, desvíos de fondos públicos en beneficio de DenokInn y por haber elegido a esa empresa a dedo para el proyecto Deika», puesto en marcha durante la etapa de Xabier Agirre. A este respecto, cabe recordar que un juzgado de Gasteiz investiga un posible desvío de 125.000 euros de los 337.000 que abonó el Gobierno foral a DenokInn –entidad dirigida por Luis Miguel Macias, exconcejal del PNV en Trapagaran– en el marco de un convenio firmado en 2010 para impulsar la I+D. Este jueves la diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial anunció que la Diputación de Araba se personará en el caso «si se confirma que ha habido un perjuicio al erario».