Ya no hay marcha atrás. Para mucha gente que ayer se movilizó, la Diada de 2016 ha sido la última bajo la legalidad española. «Tenemos a tocar la independencia y la construcción de una República Catalana que dé respuesta a las aspiraciones de libertad, justicia social y radicalidad democrática de la mayoría de nuestro pueblo». Así proclamaba unos de los manifiestos leídos durante la jornada, que por primera vez desde la llamada Transición, reunió bajo esta aspiración a todo el espectro soberanista y a las tres principales autoridades del país: la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell; el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

La Diada tuvo su momento álgido a las 17.14 horas, rememorando el año en que el rey Felipe V abolió la instituciones catalanas, cuando una multitud completó de forma sincronizada todos los tramos que la ANC y Òmnium Cultural habían dispuesto en Barcelona, Berga (Barcelona), Tarragona, Salt (Girona) y Lleida. Cinco puntos escogidos expresamente por su representación simbólica: «Salt es la República de la solidaridad y la convivencia; Berga es la República de la cultura y las raíces de una identidad viva y en permanente evolución; Tarragona es la República del progreso económico; Lleida es la República del equilibrio y la diversidad territorial; y Barcelona es la futura capital de la República Catalana y la garantía de nuestras libertades ciudadanas».

Según cifras oficiales, más de un millón de personas enfundadas en camisetas blancas y al ritmo de una melodía coronada por diversas colles castelleres, se agruparon en las cinco poblaciones, simbolizando a la hora fijada y con un latido simultaneo la voluntad de avanzar hacía la República Catalana. Para llegar a este objetivo, las plataformas soberanistas reclaman al Parlament que celebre el próximo año un referéndum de independencia y ponga en marcha un proceso deliberativo que fije las bases de la futura constitución catalana.

Unidad y determinación

La Diada se levantó con el éxito de la marcha celebrada la víspera en Perpinyà, dónde 12.000 personas exigieron la denominación oficial de «País Català» para el departamento bajo administración francesa. Animada por este y otros actos realizados los días previos en otros puntos de la geografía, la Diada discurrió de forma pacífica, en un gran ambiente y sin ningún tipo de altercado.

Como es tradición, durante la mañana numerosas formaciones políticas, culturales y de la sociedad civil depositaron ofrendas florales en el monumento a Rafael de Casanova y el Fossar de las Moreres, donde al mediodía tuvo lugar un acto organizado por la Comisión Independentista del Fossar, en la que participaron representantes de kurdos y sardos y se leyó la declaración de independencia de Irlanda, cuyo centenario se ha cumplido este año.

Ya por la tarde, mucho antes que arrancara la convocatoria de la ANC y Òmnium Cultural, los cinco puntos habilitados habían quedado cubiertos con una marea que enarbolaba banderas independentistas y los carteles redondos con los que, a las 17.14 horas, se representó un gran latido en defensa de la República. Una voluntad que fue recordada por los oradores al término del acto. Es el caso de Jordi Sànchez, presidente de la ANC, para quien «estamos determinados a ganar la República y tener nuestro sitio entre las naciones libres del mundo», para acto seguido emplazar al Govern a decidir «el cómo y el cuando».

También Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, hizo hincapié en la capacidad movilizadora del pueblo catalán. «Hemos vuelto a estar a la altura de las circunstancias pidiendo una República que queremos para la mejorar la vida de nuestros conciudadanos». Después de insistir en que «continuaremos saliendo a la calle las veces que haga falta», Cuixart instó a las instituciones a aprovechar la oportunidad histórica para recoger el mandato popular expresado en las elecciones del 27 de setiembre de 2015. «No dudéis en poner las urnas, el mejor instrumento al servicio de la democracia», añadió Sànchez.

Los portavoces de las plataformas soberanistas coincidieron igualmente en que la República se construya con el resto de los Països Catalans y que sea inclusiva, solidaria y abierta a los pueblos mediterráneos y a todo el mundo.

Por su lado, y en un tono más épico, el veterano cineasta y activista antifranquista Pere Portabella evocó los 40 años de la concentración de Sant Boi en defensa de la democracia, de la cual dijo que «nuevamente está amenazada por un Estado impropio». Portabella hizo suyas las palabras del expresidente de Esquerra Republicana, el recientemente fallecido Jordi Carbonell, «que la prudencia no nos haga traidores», para ampliarlas con la idea de que «la impaciencia no nos haga perder la unidad de un proyecto en común que necesita mucha altura de miras».

Al acabar el acto, miles de personas participaron en la habitual manifestación que la CUP y diversos colectivos de la izquierda independentista organizan por el centro de Barcelona y que precedió a la posterior Fiesta de la Libertad, organizada por la ANC y Òmnium en la avenida Lluís Companys de la capital.

 

De la movilización a la desobediencia

La Diada de este año estuvo presidida por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional contra las decisiones del Parlament de Catalunya. Con este telón de fondo, las plataformas soberanistas y otros actores políticos quisieron subrayar la defensa inquebrantable de las instituciones catalanas ante la ofensiva de la Justicia española. «No aceptaremos ninguna inhabilitación de quienes desean sentaros a los tribunales, os defenderemos», exclamó Jordi Sànchez dirigiéndose a los representantes de la Cámara catalana a quienes los tribunales han abierto un procesos. Actualmente, hay abierta una causa para inhabilitar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y a los máximos responsables de la consulta del 9 de noviembre: el expresidente Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y sus consejeros Irene Rigau y Francesc Homs.

En este sentido, tanto la ANC como Òmnium Cultural apelaron a incrementar las movilizaciones con el fin de «garantizar el normal funcionamiento de la sede de la soberanía catalana». Un extremo que, para la CUP y otros colectivos de la izquierda independentista, hará necesario activar la desobediencia civil. Así lo manifestó durante estos días la parlamentaria Anna Gabriel, para quien habrá que plantear «una huelga general» en caso que los episodios represivos para frenar el proceso soberanista se mantengan.A.R.