LAB puso de relieve ayer que las últimas sentencias europeas abren «una nueva era» en la lucha frente a la contratación eventual, especialmente en el sector público, ya que sus consecuencias van más allá del reconocimiento de la equiparación de derechos de trabajadores eventuales y empleados fijos en cuanto a indemnizaciones. Según remarcó, los tribunales europeos han asestado «un duro golpe al sistema basado en el fraude de la temporalidad».

Tal y como explicaron Arantzi Sarasola y Eider Casanova, responsables de la Federación de Servicios Públicos, la doctrina europea deja claro que «no se pueden cubrir puestos estructurales con trabajadores y trabajadoras temporales», una práctica que censuran desde Europa pero que está extendida y es una constante en la contratación pública dependiente del Gobierno de Lakua, especialmente en Educación, Salud y Administración.

Con el paraguas legal que ofrecen los fallos de los tribunales europeos, la central abertzale anunció que exigirá el pago de las indemnizaciones en todas las administraciones, pero aclaró también que este nuevo momento ha de servir para «acabar con el abuso de la contratación temporal».

«Podemos dar por hecho que la reciente publicación de las tres sentencias europeas tendrá consecuencias en las administraciones de Euskal Herria», indicó Sarasola, remarcando que «poder reclamar una indemnización a la hora del cese o poder reclamar la permanencia en el puesto de trabajo declarado estructural hasta la convocatoria de una OPE o un concurso de traslados supone un hito en las relaciones laborales de la función pública».

«No hay excusas»

Responsables de LAB en varios sectores subrayaron que «si se realiza una aplicación correcta de las sentencias europeas, se van a consolidar miles y miles de puestos de trabajo», lo que, a su vez, repercutirá en el fortalecimiento y calidad del sector público.

Consideraron, asimismo, que «esta sentencias conceden a las administraciones una oportunidad inmejorable para avanzar en un camino propio» y zanjaron que «no hay excusas en forma de tasas de reposición o legislación estatal; la sentencia exige el fin de la precariedad y el expolio en el sector público».

Resaltó también LAB que Europa «ha dejado claro que una administración pública no puede tener un déficit de puestos de más del 25%».

La central anunció que, «atendiendo a la realidad de cada administración», exigirá «que se declaren indefinidos todos aquellos puestos que se han cubierto hasta ahora de manera fraudulenta» y abogó por que las administraciones establezcan un plan integral de empleo, de modo que «las funciones necesarias para el desarrollo del servicio público que llevan a cabo sean cubiertas mediante oferta pública de empleo».

Más de 15.000 puestos sin consolidar solo en Osakidetza

LAB destacó ayer las posibilidades que se abren para miles de personas –«profesoras que un año están en una escuela y al curso siguiente en otra, enfermeras que encadenan docenas de contratos en diferentes hospitales...»– y llamó la atención sobre las «consecuencias personales».

La central contabiliza en la CAV unos 6.000 puestos estructurales en enseñanza, que se cubren con trabajadores no consolidados, más de 15.000 en Osakidetza y alrededor de 2.000 en administración. N.G.