El 15 de octubre de 1977, sábado, mientras en Euskal Herria se reprimían movilizaciones por la amnistía total, la vuelta de los exiliados políticos y la disolución de los cuerpos represivos, en el Congreso de los Diputados se aprobaba la ley que vaciaría las cárceles. El 9 de diciembre saldría de Martutene Fran Aldanondo Ondarru, el último preso político vasco de la época. Ante aquella Ley de Amnistía solo se abstuvo la derecha española entonces representada por Alianza Popular y por el otro extremo Francisco Letamendia Ortzi (EE), que recelaba de que fuera corta, insuficiente y no definitiva. La realidad le daría la razón en pocas semanas.

No obstante, el recién nacido ‘‘Egin’’ saludó la noticia con un elocuente «Euskadi consigue la amnistía política». Y es que a esa práctica unanimidad no se había llegado desde la convicción política de las fuerzas estatales, sino a través de una dura lucha social en Euskal Herria, que se refleja mejor que nada en los siete muertos en la semana pro-amnistía de mayo, cuatro meses antes. Todo ello se recoge, de modo didáctico y con profusión de datos y fotos de la época, en ‘‘1977, el año de la amnistía’’, un libro de la colección Korapiloa de Iratzar Fundazioa escrito por Kai Saez de Egilaz, Iñaki Egaña, Floren Aoiz y Antton López, con ediciones en castellano y euskara, y que pueden adquirir los suscriptores de GARA-NAIZ.

Indultados, extrañados, confinados...

La demanda de amnistía había ido ganando fuerza desde los años 60 hasta desembocar, ya sin Franco, en la creación de las Gestoras. Comenzando por la de Donostia, que en marzo de 1976 reunió a personalidades de diversos campos, como Eduardo Txillida, Andoni Elizondo, Félix Soto, Juan Mari Bandrés, Miguel Castells... En poco tiempo ya habría 60 gestoras formadas pueblo a pueblo.

A la muerte del dictador en noviembre de 1975 había una lista de 731 presos vascos, 500 más que un año antes, entre ellos 104 mujeres; la mayoría relacionados con ETA, recuerda el libro, pero también con LCR, ORT, FRAP, LAB, LAIA, AISE, MCE, PCE, PCI, PTE, PORE e incluso algunos de PSOE y PNV.

El primer Consejo de Ministros posfranquista ya concedió un indulto general, pero no una amnistía. La diferencia no era baladí, ni en cuanto a significado político ni en sus efectos prácticos. Frente al indulto que venía a suponer una especie de gracia por parte del régimen, «la amnistía debía excusar toda responsabilidad penal de quienes habían sido castigados o pudieran haber sido castigados por haberse enfrentado y desafiado al fascismo», precisan los autores del libro.

Mientras la continuidad del sistema represivo quedaba blindada por la implantación de la Audiencia Nacional el mismo día de diciembre de 1976 en que se declaraba suprimido el Tribunal de Orden Público, el Estado buscó para los vascos sucedáneos a la cárcel, como los extrañamientos o los confinamientos. El pulso por vaciar las prisiones quedó de máxima evidencia con el juicio de extradición a Miguel Angel Apalategi en agosto de 1977 en Aix-en-Provence, que dio pie a la omnipresente campaña veraniega del ‘‘Apala askatu!’’ y logró su liberación. Y las urgencias se habían manifestado ya un año antes con la fuga del penal de Segovia.

Todo este proceso hacia la amnistía se solapó, en un 1977 frenético, con trascendentes episodios políticos, como la legalización de la ikurriña, la experiencia del Grupo de Alcaldes que logró interlocución de país con Madrid, las conversaciones sin acuerdo de Txiberta, la Marcha de la Libertad, las primeras elecciones a Cortes estatales, o la ya posterior partición territorial de Euskal Herria con el preautonómico.

La amnistía hoy

Aunque en aquel contexto Euskal Herria celebró obviamente que los presos salieran a la calle, y más tras el enorme esfuerzo desempeñado para lograrlo, el paso del tiempo fue alumbrando una perspectiva más real y completa sobre esa ley. Si en la recta final del franquismo amnistía era sinónimo de cambio de régimen, lo que se impuso finalmente fue –sostienen los autores– «más bien una ley de punto final» o de «autoamnistía». Ni se produjo un reconocimiento y exoneración para los luchadores antifranquistas ni la amnistía fue pareja a la ansiada quiebra con el régimen anterior. «Se logró excarcelar a las presas y presos políticos vascos, es cierto, pero su salida no se produjo en el contexto de la ruptura democrática que se exigía. Se amnistió la pena, pero no el ‘delito’, y la lucha continuó en otras coordenadas, pero ante una represión que no fue solo continuista con el franquismo, sino incluso más dura», apuntan.

El trabajo de Iratzar Fundazioa no se queda en una mera reconstrucción de aquella historia trepidante, época muy poco conocida ya para las nuevas generaciones, sino que enlaza con el momento político presente. Y en él la lucha por traer a casa a todos los presos y presa no entronca como entonces con una democratización del Estado que se demuestra de nuevo inviable, sino directamente con la independencia, con la construcción de un Estado vasco.

«La amnistía implica, en esta perspectiva, no solo la libertad para todas las personas represaliadas, sino el fin del régimen de excepción y un horizonte en el que ningún Estado pueda imponernos sus instrumentos represivos», subrayan Saez de Egilaz, Egaña, Aoiz y López.