Existen diferentes normativas que establecen distinciones entre colectivos de víctimas y dejan en segundo plano a los damnificados por el franquismo respecto a los afectados por la violencia de ETA u otras organizaciones armadas. Esta es una de las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzosas o involuntarias hecho público este martes y que se presentará en Ginebra dentro de dos meses.

En concreto, los integrantes de la delegación, Jasminka Dzumhur y Ariel Dulitzky, que visitaron el Estado español en setiembre de 2013, realizan una comparativa entre la ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica y la que regula el «reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo». Esta segunda norma «provee más derechos a las víctimas que la Ley de Memoria Histórica, creándose así distintas categorías entre víctimas», según el análisis de los funcionarios de la ONU.

«El informe pone de manifiesto que existen víctimas de primera y de segunda», constata Iratxe Urizar, miembro de Egiari Zor, una de las agrupaciones que pudieron reunirse con el grupo de trabajo durante su estancia en Gasteiz, el pasado 27 de setiembre. El texto, además, detecta incluso un «trato diferente de las víctimas dependiedo del lugar de la fosa», ya que el apoyo institucional está condicionado al «partido político gobernante en cada lugar». Pone como ejemplo la implicación del Gobierno andaluz en las exhumaciones, lamentando que, en otros casos, «las administraciones han permanecido completamente ajenas al proceso».

Buena parte del documento se centra en denunciar la pasividad del Estado a la hora de conocer la verdad y el paradero de las personas desaparecidas tras el alzamiento fascista de 1936 y durante el régimen franquista. De hecho, da 90 días al Gobierno del PP para que presente un cronograma con las medidas a implementar para garantizar los derechos de las víctimas. Advierte sobre la «falta de sufientes vínculos y comunicación» entre las asociaciones de familiares y las autoridades españolas, así como los escasos fondos. «Los grupos de víctimas no han sido debidademante consultados ni tenidos suficientemente en cuenta en el proceso adopción de medidas, lo que resultó en que las mismas hayan sido insuficientes y, en muchos casos, ineficaces», advierten los expertos, que recuerdan que la búsqueda de los desaparecidos «no puede depender» de los familiares sino que es una «obligación» que compete al Estado.

La «ausencia o nula participación» de Madrid en el proceso para determinar la identidad y el paradero de los desaparecidos es una de las razones que explica su «limitado éxito». Además, la ONU cuestiona la «carencia de un procedimiento claro, detallado y específico» en relación con las exhumaciones o la falta de una «base de datos genéticos» de los familiares. También critica normas vigentes como la Ley de Amnistía de 1977, recordando que las desapariciones forzosas son «crimen de lesa humanidad» y «no prescriben».

Pese a que la mayor parte del informe se centra en el franquismo, la ONU también hace una referencia a las desapariciones forzosas perpetradas en el ámbito de la «guerra sucia contra ETA». Los expertos se refieren a «casos aislados» que «habrían ocurrido en los años 70 y 80 en el contexto de la lucha antiterrorista».

En este sentido, la ONU «destaca y reconoce que, a diferencia de otros países, España respondió a la violencia terrorista sin utilizar de manera sistemática la desaparición forzada». Se trata de la única referencia de todo el informe al período posterior a la aprobación de la Constitución española de 1978. Recientemente, este grupo aceptó la queja interpuesta por los familiares de José Miguel Etxeberria, Naparra, y pidió explicaciones sobre a Madrid y París sobre qué ocurrió con el refugiado vasco.

Tras la publicación del informe, este será presentado en setiembre. Será entonces cuando se puedan escuchar también las explicaciones de Madrid ante una nueva evidencia de la desidia hacia las víctimas de Franco.