EDITORIALA

No solo Madrid merece esta condena europea

Beatriz Etxebarria fue detenida por la Guardia Civil el 1 de marzo de 2011. Nada más agotar el periodo de incomunicación trascendió su denuncia de que había sido violada en los calabozos. Este periódico lo reflejó con el impacto -y el espanto- consiguiente a un hecho de enorme alcance, pero una vez más fue casi el único. El silencio de los medios se correspondió con el de los representantes políticos e institucionales vascos, habituados siempre a dar la callada por respuesta ante denuncias de este tipo, aunque su gravedad rompa todas las barreras. Pero hay más aún. Aquella denuncia de agresión sexual se conoció la víspera del 8 de Marzo y fue completada días después por el estremecedor testimonio cuyo resumen se recoge hoy de nuevo en GARA, pero también fue obviada por las numerosas instancias oficiales responsables de evitar la violencia machista, desde el Instituto de la Mujer español hasta Emakunde.

Resulta imposible imaginar tal indiferencia si esa misma denuncia de violación hubiera sido formulada, con tal grado de detalle, por cualquier otra mujer, por cualquier otra persona. Por cualquiera que no fuera una ciudadana vasca detenida bajo la acusación de pertenencia a ETA y dejada en manos de la Guardia Civil durante cinco días y noches. Son muchos, casi todos, los medios, los políticos, los organismos de protección de la mujer que han hecho suyo el «todo vale» en estos casos y han escondido la cabeza bajo el suelo. Y ello ha hecho que dependencias oficiales como estos calabozos que debieran tener un plus de garantías de respeto a los derechos humanos se hayan convertido en justo lo contrario. Basta evocar el caso de Rita M., la prostituta violada en la comisaría de Indautxu en 1995; su caso quedó probado, pero nadie fue condenado por ello.

Tres años después, el Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado español por no investigar las denuncias de Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun. Se queda corto. No solo Madrid miró a otro lado.