El PNV fía el futuro de Bakio a tratos privilegiados con constructoras
El PNV fía el futuro económico del Ayuntamiento de Bakio y con ello la prestación de servicios a los vecinos en operaciones urbanísticas con constructoras con las que mantiene estrechas relaciones y, según se puede constatar en documentos internos del equipo de gobierno que preside Aitor Apraiz, con cierta complicidad de la Diputación vizcaína. Los planes de ajuste no se cumplen desde 2012 y los jeltzales pivotan sus planes, de nuevo, en la política del ladrillo.
Desde que en diciembre de 2012 el Consistorio de Bakio aprobase con los votos del PNV su plan de ajuste, la situación económica no ha mejorado, a pesar de las repetidas declaraciones del alcalde tratando de desautorizar el discurso de la oposición. El objetivo del plan era pagar la deuda a los proveedores que rondaba los seis millones y para ello, se solicitó un crédito de cinco millones de euros a Kutxabank, Caixabank y BBVA.
Frente a ese «plan de rescate», con el plácet foral, EH Bildu propuso que la Diputación diese una subvención para cubrir la deuda íntegra y el Ayuntamiento se comprometía a cambio a devolver todo el dinero a través de una quita anual del 10% en los fondos que recibe de Udalkutxa. Los soberanistas argumentaron que, de ese modo, se hubiesen evitado los duros recortes en servicios básicos y la deuda no se dispararía por encima de las posibilidades del Consistorio. La propuesta no fue atendida por los jeltzales ni en el Ayuntamiento ni en las Juntas Generales de Bizkaia.
Las actuaciones previstas para amortizar el préstamo contemplaban obtener algo más de 245.000 euros con la tala de árboles de propiedad municipal, 3,2 millones en diez años por la cesión del elkartegi ubicado en Txakolingunea a la Diputación y 7,3 millones más con la puesta en marcha de proyectos urbanísticos paralizados por la crisis, decisión que el propio primer edil calificó de «polémica». Asimismo, se clausuró el polideportivo -que se ha abierto ahora en octubre con gestión privada y vinculado a cursos de formación- y se incrementó el IBI (15%) y la tasa de basuras (33%), sin olvidar que se dejaron de prestar servicios como el de limpieza de vías públicas, jardinería y recogida de animales.
Los jeltzales repiten que el plan de ajuste se está cumpliendo y que las iniciativas puestas en marcha funcionan. No es del todo cierto ya que, por ejemplo, el elkartegi sigue vacío desde que se abrió en mayo, siendo el único de Bizkaia en esta situación. La inversión pública fue de casi 10 millones de euros y los resultados evidentes, a pesar de las declaraciones optimistas que efectuó en febrero el diputado foral de Promoción Económica, Imanol Pradales, anunciando la instalación en la costosa infraestructura de actividades vinculadas a la enología, surf y turismo.
El crédito de 2012 no logró pagar la totalidad de la deuda con proveedores, que en enero de 2013 se situaba en 1,3 millones; ahora ronda los 700.000 euros.
Al contar con remanente negativo en su tesorería, el Ayuntamiento no puede aprobar un presupuesto, por lo que ha tenido que prorrogar las cuentas de 2013 con el voto en contra de EH Bildu. El equipo que lidera Aitor Apraiz se ha comprometido a que, para la elaboración del presupuesto de 2015, dispondrá de un superávit igual o mayor al remanente negativo -que supera los 1,2 millones de euros-, meta que parece difícil de cumplir viendo que ahora el Consistorio no es capaz de asumir sus obligaciones.
En ese contexto, según ha podido conocer GARA, el Gobierno municipal elaboró hace unos meses un plan financiero con el que lograr la ansiada liquidez en sus arcas, en el que necesita del concurso de varias de las constructoras que tuvieron que paralizar ambiciosos proyectos urbanísticos en ese punto de la costa vizcaína; se trata de Urrutikoetxea, Sukia y Olabarri. Cinco eran esas operaciones «pendientes» con las que aventuraban que pudieran lograr cerca de tres millones.
Los planes ocultos se presentan
Esos planes han comenzado a materializarse con una primera modificación del plan de ajuste que el Pleno municipal aprobó el 2 de octubre en sesión extraordinaria con los votos a favor del PNV y la oposición de EH Bildu. Esos cambios buscan obtener una de las subvenciones que la Diputación va a otorgar a los ayuntamientos que necesiten sanear su economía con graves dificultades financieras.
Esa ayuda serviría para reducir la deuda y obliga a tener el ansiado remanente positivo en 2015. Para conseguirlo, el PNV se propone vender la participación del 30% que el Consistorio tiene en una parcela donde se edificarían tres casas, obteniendo 141.471 euros, que se sumarían a otros 37.787 euros con los que pretende contar por aprovechamientos forestales.
Asimismo, se incluye la firma de un convenio urbanístico antes de 2015 con una constructora para implantar un supermercado. Esta operación la llevan barajando varios meses los jeltzales y necesita de una modificación puntual de planeamiento para convertir una parcela destinada a espacios libres y aparcamientos a equipamiento comercial. Además, el Consistorio debería recuperar las plazas de parking que pierde en su parcela de 608 metros cuadrados -el promotor dispone de 1.845 de superficie- en la nueva. De ese modo, se lograrían 1.500 metros cuadrados sobre rasante y 1.550 en el subsuelo.
Consultados expertos en gestión urbanística, estiman que se trata de un «convenio a la carta» en el que los responsables municipales hacen un cambio de parcelas sin efectuar un estudio de mercado, «sin ver si el proyecto es viable, se salvaguardan los intereses de la iniciativa privada». Esas mismas fuentes subrayan que al Ayuntamiento le puede resultar «complicado» justificar el interés público necesario para acometer el cambio en el planeamiento. «El convenio y la modificación del Plan General pueden ser por ello recurribles en los tribunales», apuntan, citando casos no muy lejanos.
Con ese convenio el Gobierno municipal pretende embolsarse 400.000 euros, la misma cantidad que pretende lograr con la venta de otra parcela, en la que también deben justificar el interés público de la recalificación. Para ello, según se recoge en el documento interno, los asesores del PNV contemplan reunirse con la Comisión de Ordenación del Territorio.
En ese informe se detalla que se buscaría expropiar un terreno en Solozarre a una constructora, ejecutar la carga urbanística y dotar de mayor edificabilidad a la parcela, antes de ponerla en el mercado para que sus antiguos propietarios la adquieran. Los expertos consultados por este diario dudan de la viabilidad de la operación.
Otra actuación se propone en un terreno de Eleixalde, que consistiría en una operación de reparcelación, valiéndose de que los pequeños propietarios no podrían afrontar, según los asesores municipales, las cargas urbanísticas. De esta manera, el Ayuntamiento se haría con la mitad de un bloque de vivienda libre, que se vendería a una constructora y Hacienda.
En Orereta, contemplan la permuta de una parcela que tiene poca salida en el mercado por otra de la Diputación que sí podría tener comprador. Para ello, es necesario que la institución foral «ayude» a sus compañeros de partido en Bakio.
Patrimonio municipal
Las cinco operaciones que se barajan en el informe tienen relación con suelo de patrimonio municipal ya sea a través de las plusvalías o de la enajenación de propiedades. No son fáciles de acometer, según los expertos, ya que la ley estatal solo permite emplear ese patrimonio para mitigar remanentes de tesorería «en condiciones muy estrictas, que está claro -subrayan- no se cumple en Bakio».
GARA se puso en contacto con la oposición para conocer su opinión acerca de esos papeles que, a juicio de EH Bildu, prueban que existen decisiones que se adoptan fuera de los órganos municipales. «Existen negociaciones paralelas», aseguraron. Incidieron en la relación fluida del Gobierno municipal con esas empresas constructuras, acusando al PNV «de propiciar el clientelismo».
La coalición entiende que el PNV debe aclarar el porqué de ese informe interno y cuál es la relación que mantiene con algunas empresas constructoras y qué ha pactado con los responsables forales. Recordaron que, en la actualidad, se lleva a cabo un proceso de participación sobre la revisión del Plan General, manifestando que «parece que todo está ya decidido».
El polideportivo se ha reabierto después de que el Ayuntamiento haya cedido la gestión de la iniciativa privada. Todos los días sale desde el centro de Bilbo un autobús por la mañana que acerca a quienes participan en él en cursos de formación.
El contenido del informe interno del Gobierno municipal deja al descubierto que el PNV mantiene relaciones fluidas con varias constructoras y la propia Diputación. La oposición se queja de falta de transparecencia y «clientelismo».
Pérdidas por un polígono en Lezama
La asociación vecinal Lezama Bizirik denuncia que el Ayuntamiento lleva perdidos cerca de un millón de euros en el polígono industrial de Kurutze. El colectivo explica que el Gobierno municipal reconoció en el pleno de setiembre que el «monto provisional» de lo invertido en esa operación es de 780.000 euros, a lo que hay que sumar los gastos en abogados y trámites judiciales.
En octubre de 2013, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no atendió los recursos del Consistorio y resolvió que la empresa Sach estaba liberada de carga alguna sobre la polémica infraestructura industrial. Los responsables municipales asumieron los gastos de urbanización del polígono a partir del convenio que suscribió en 2002. Siete años más tarde, recuerda Lezama Bizirik, el Ayuntamiento modificó el convenio «de manera unilateral», incrementando los gastos en casi 800.000 euros. A pesar de que Sach no estaba de acuerdo, la institución local comenzó a «adelantar» dinero para ejecutar las obras.
En sucesivos plenos, con los votos a favor de los ediles del PNV, se fueron aprobando partidas para afrontar los gastos. El organismo ciudadano remarca que esas operaciones de tesorería no estaban justificadas ya que, en su opinión, el patrimonio municipal, «por ley, solo se puede invertir en vivienda protegida u otros fines de interés social o cultural».
Sach llevó su desacuerdo a los tribunales y estos le dieron la razón, lo que no llevó a la Alcaldía a rectificar, que se empeñó en recurrir las sentencias hasta que el TSJPV zanjó el pleito. A.G.
Alonsotegi se queda sin ayuda de 20.000 euros para un proyecto
El Ayuntamiento de Alonsotegi atraviesa una situación financiera complicada que se ha agravado aún más después de que el alcalde, el jeltzale José Luis Erezuma, se negase a emplear su voto de calidad para sacar adelante la revisión del plan de ajuste que él mismo había presentado. En ese contexto, el Ejecutivo de Lakua ha enviado recientemente una comunicación al Consistorio informándole de la pérdida de una subvención de 20.197 euros para ejecutar un proyecto de abastecimiento de agua en el barrio de Sasia.
En el escrito rubricado por la directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas se informa que el Ayuntamiento no ha justificado el proyecto dos años y medio después de que, en diciembre de 2011, el Gobierno de Gasteiz dictase la orden de concesión de la ayuda para mejorar el suministro de agua potable al barrio de Sasia. En julio de 2011, la institución local había presentado la solicitud de ayuda económica para acometer el proyecto.
La gestión jeltzale vuelve a ser puesta en cuestión, con el agravante de que los propios compañeros de partido en la Diputación vizcaina no entienden por qué, después de meses de trabajo para elaborar una revisión del plan de ajuste, que el propio Erezuma calificó de «duro», ni él era capaz de respaldarlo en el pleno del 2 de octubre.
También ha transcendido, gracias a la labor de fiscalización de EH Bildu, otra «irregularidad» en el plan de prácticas no laborales becadas en empresas para jóvenes de Enkarterri. El programa está dotado con 107.143 euros, de los cuales Alonsotegi aportó 8.369 euros.
En la última sesión plenaria se dio cuenta del decreto de alcaldía para habilitar esa partida económica, ante lo que la coalición soberanistas solicitó información ya que el asunto no había sido tratado en las comisiones. «La sorpresa la tuvimos el miércoles pasado, cuando fuera del orden del día de la comisión de Juventud, nos dieron el expediente y pudimos comprobar que de los 30 seleccionados para cubrir los diferentes puestos no había ningún candidato de Alonsotegi», explican.
Al no haberse públicado la convocatoria, denuncian desde EH Bildu, no hubo ningún candidato del pueblo. «Hemos tirado 8.369 euros por la alcantarilla», lamentan, al tiempo que demandan al Gobierno municipal que asuma su responsabilidad en este nuevo fiasco. La tasa de paro en Alonsotegi, a fecha de setiembre, era de 20,5% subiendo hasta el 55% entre los jóvenes. A.G.
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