El Informe sobre Violencia y Salud elaborado por la OMS, a escala mundial, advierte de que la violencia mata cada año 1,6 millones de personas, y provoca traumatismos, discapacidades y trastornos mentales a otros varios millones. Sus causas son complejas, y sus consecuencias devastadoras. Según la misma fuente, la violencia se dividiría en tres categorías principales: la dirigida contra una o uno mismo, la violencia interpersonal y la colectiva. Por consiguiente, distinguen entre la violencia que una persona se inflige a sí misma, la infligida por otro individuo o grupo pequeño de individuos, y la que causan grupos más grandes o los estados.

Esta última, la violencia colectiva, estaría a su vez dividida en violencia social, política y económica. La OMS informa de que puede adoptar diversas formas: conflicto armado entre grupos o estados, genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos, terrorismo y crimen organizado violento.

Los datos y las cifras demuestran claramente las enormes repercusiones que tiene la violencia en la salud pública y los sistemas de salud. No obstante, detrás de las cifras hay personas y tragedias humanas. La violencia de todo tipo tiene un grave efecto en las vidas de las víctimas y de los perpetradores, así como en sus familias, a menudo de por vida y a veces durante varias generaciones.

La Directora General de la OMS destaca que gran parte de los actos de violencia no se notifican. A veces ello se debe al miedo o la vergüenza, o porque la violencia se considera algo «normal». Otras veces se debe a deficiencias de los sistemas de notificación y registro.

Esta organización se refiere a la violencia como el resultado de una compleja interacción de factores de diversa índole, desde biológica hasta política. Para prevenir la violencia y disminuir sus consecuencias es esencial comprender esos factores y sus interrelaciones. La OMS distingue cuatro niveles de factores de riesgo: 1) el individual, 2) el interpersonal, 3) el comunitario y 4) el social.

A escala social, existen factores de carácter general que contribuyen a crear un clima que alienta la violencia. Se trata en este caso de políticas que mantienen o aumentan las desigualdades económicas y sociales; normas sociales y culturales que apoyan el uso de la violencia; la disponibilidad de instrumentos (como armas de fuego) y la debilidad de los sistemas de justicia penal, que no persiguen adecuadamente a los perpetradores.

Se dispone de varias prometedoras estrategias, de eficacia probada, para prevenir la violencia en esos distintos niveles. A nivel del conjunto de la sociedad, para sensibilizar al público es esencial disponer de información pública exacta acerca de las causas de la violencia, sus riesgos y el modo de prevenirla. Es igualmente importante reforzar la aplicación de la legislación y fortalecer los sistemas judiciales así como poner en práctica políticas y programas de prevención de la misma. Asimismo, es importante reducir el acceso a los instrumentos con los que se cometen actos violentos y promover la adhesión a los tratados internacionales pertinentes.

El pasado 18 de septiembre, se presentó en el Consejo General de la Abogacía Española el primer Informe sobre Incomunicación y Tortura elaborado, entre otros, por la asociación pro-derechos humanos Argituz, la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el Grupo de Acción Comunitaria, el Dto. de Psicología Social de la UPV/EHU y el Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT) y en cuya presentación pública participó, entre otros, Amnistía Internacional.

Los organismos internacionales de monitoreo y seguimiento han mostrado su preocupación por la dicotomía entre la afirmación de los diferentes gobiernos de que en el Estado español no tiene lugar la tortura, salvo en casos muy aislados, y la información recibida de fuentes no gubernamentales que revelaba la persistencia de casos de tortura.

Tomando como referencia el último informe del Gobierno Vasco, se señala la existencia de 5.500 denuncias judiciales y/o extrajudiciales de tortura. Con independencia de las cifras, existen pruebas cada vez más sólidas que evidencian que la tortura es un serio problema que no ha recibido la atención institucional necesaria, que las denuncias no pueden considerarse fabulaciones y que la investigación judicial ha sido deficiente. Estas evidencias provienen de organismos internacionales de control de los derechos humanos, de sentencias de los altos tribunales españoles e internacionales, y de algunos estudios empíricos elaborados por instituciones y grupos de investigación.

Según este Informe, además del fuerte impacto sobre la salud física, la tortura puede dejar profundas secuelas psico-sociales, tales como: trastorno de estrés postraumático, trastorno depresivo, trastorno por ansiedad de suficiente relevancia clínica, recuerdos dolorosos, desinterés por lo que antes gustaba hacer, distancia con respecto a la gente, futuro cortado a raíz de lo vivido, dificultades para conciliar el sueño y para concentrarse, fuerte y persistente sensación de culpa, irritabilidad exacerbada... Los datos muestran que hay una tendencia a que, con el paso de los años, estos síntomas disminuyan y en muchas personas hay una progresiva, aunque lenta, normalización de síntomas, pero que, más allá de duda, es detectable un daño clínico notorio.

Los y las profesionales que han elaborado el informe coinciden en destacar que la tortura cumple con dos de sus cometidos principales: la ruptura del tejido social y el quiebre de la identidad. En cuanto a lo primero las peritaciones han mostrado que en algunas personas tras la tortura se da un alejamiento de la militancia previa y una sensación de alienación en la sociedad en la que se vive. Por otra parte, lo inenarrable del trauma puede provocar un mayor aislamiento de la familia y los amigos, uniéndose a ello los casos en los que el entorno responsabiliza a la persona de lo ocurrido. La tortura puede afectar gravemente la identidad y la visión del mundo, una visión del mundo más negativa y con menos futuro, más aislamiento y en ocasiones la sensación de que se les responsabiliza por lo ocurrido. Existen frecuentes sentimientos de odio, rabia y humillación asociados a los recuerdos y dificultades para poder desprenderse de estos, emociones de tristeza y pérdida y dificultades importantes para poder perdonar o para ponerse en el lugar del otro.

Existe un grupo de personas más profundamente afectadas, si cabe. Son personas que fundamentalmente (a) ven el sufrimiento que han experimentado como inútil, sin sentido (b) que tuvieron sensación de bloqueo e indefensión durante los hechos (c) que han percibido falta de apoyo social, entendido desde el entorno cercano, pero sobre todo desde la sociedad en su conjunto (d) para quienes poder comunicar lo ocurrido no solo es relevante, sino que necesitan hacerlo.

El informe destaca, a su vez, una amplia y conocida jurisprudencia sobre medidas de reparación a víctimas en el marco de la legislación internacional de los derechos humanos: Restitución, indemnización, rehabilitación, dignificación y garantías de no repetición, entre otras. La reparación debe entenderse como la política orientada a favorecer el retorno a la ciudadanía y el reconocimiento de las víctimas como sujetos con derechos. Nada puede reemplazar lo perdido en una sociedad fracturada que vive un conflicto violento, pero enfrentar las consecuencias de esa violencia y la responsabilidad del Estado respecto a todas las víctimas y sobrevivientes (independientemente de sus opciones políticas) es un paso imprescindible para reconstruir las relaciones sociales.

La principal reparación podría considerarse el hecho de que las y los perpetradores y responsables reconozcan lo ocurrido y que la sociedad en su conjunto sepa (y no niegue) el horror espeluznante extremadamente inhumano por el que han pasado... Que se conozcan públicamente los hechos y se exprese el compromiso explícito de no repetición.