«El Gobierno español abandonó la mesa de negociación en mayo [de 2007] jurando que se lo iba a hacer pagar a la izquierda abertzale», recuerda Pernando Barrena. A los pocos días del anuncio de la ruptura del alto el fuego de ETA, ordenó la detención de Arnaldo Otegi. A lo largo de todo aquel verano, el entonces ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, contactó con diferentes agentes internacionales que de una u otra forma habían participado en las negociaciones de Oslo para anunciarles la próxima detención de la dirección política de la izquierda abertzale. Las filtraciones llegaron a algunos medios de comunicación, con el punto en común de que José Luis Rodríguez Zapatero iba a ser «implacable». El 4 de octubre la Policía española tomaba la localidad de Segura con la orden de detener a toda la dirección de Batasuna.

Aquella redada, a la que luego siguió un goteo de detenciones hasta volver a convertirse en otra razia el 11 de febrero de 2008, es la que ha llenado con hasta 35 políticos imputados el macrosumario 04/08 que hoy comenzará a juzgarse en la Audiencia Nacional.

Algunos de los detenidos en aquellas operaciones policiales no estarán en el banquillo de los acusados, puesto que ya fueron juzgados y condenados en el sumario 35/02. Entre uno y otro juicio, están pendientes de los tribunales españoles buena parte de los actuales dirigentes de Sortu, organización legalizada por esa misma judicatura.

Dos días antes de la redada de Segura, la Policía detuvo a Joseba Alvarez y a Oihana Agirre. En el auto de prisión del primero, el juez Baltasar Garzón ya dejaba claro que al tiempo que el Gobierno negociaba con ETA y el PSOE lo hacía con Batasuna, la Policía controlaba y espiaba las reuniones de la dirección política de la izquierda abertzale. En un auto posterior, el juez detallaba hasta 35 reuniones entre marzo de 2006 y el momento de las primeras detenciones en octubre de 2007.

Intensa actividad política

Entre quienes hoy y durante las próximas semanas se sentarán en el banquillo se encuentran varios de los que desarrollaron una intensa actividad política, tanto nacional como internacional entre los años 2005 y 2007, cuando la izquierda abertzale fue capaz de abrir un proceso de negociación con el PSOE directamente por un lado, y con el PNV y el PSE a tres bandas en Loiola, pese a encontrarse ilegalizada y forzada a condiciones de clandestinidad.

En esas condiciones y en ese contexto se desarrolló el proceso «Bide Eginez», en el cuyos debates participaron unas siete mil personas, y cuyo acto final en el BEC fue prohibido por el juez Fernando Grande Marlaska.

Son personas que impulsaron la declaración de Anoeta del 14 de noviembre de 2004, que puso las bases de la metodología para la negociación. Dirigentes que fraguaron los contactos y los ámbitos de confianza que desbrozaron el camino para el anuncio de alto el fuego de ETA de marzo de 2006.

Hay militantes que en esas fechas mantenían intensas reuniones con otros partidos políticos y con agentes internacionales, y también personas comprometidas que en el momento de la ilegalización de Euskal Herritarrok y Batasuna dieron el paso de adoptar compromisos institucionales con ANV y EHAK. Todos ellos ejerciendo una labor pública, salvo para aquellos contactos que precisaban de la necesaria discreción.

PSOE: «El que la hace, la paga»

La redada de Segura se intentó presentar inicialmente ante la opinión pública como una operación policial destinada a evitar no se sabe bien qué tipo de relevo en la Mesa Nacional de Batasuna. Pero el auto de prisión redactado por Baltasar Garzón se convirtió en un cúmulo de contradicciones y sinrazones, que lo único que dejaba en claro es que el Gobierno del PSOE había decidido cumplir la amenaza con la que se había levantado de la mesa de negociaciones.

El Ejecutivo de Zapatero, siguiendo el guión para estos casos, dijo que las detenciones eran cosa de los jueces. Más sincero y claro fue el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, que soltó un lapidario: «Quien la hace, la paga».

En opinión de Pernando Barrena, lo que el PSOE quiso hacer pagar a la izquierda abertzale «fue el ridículo que hizo ante los observadores internacionales» al rechazar la oferta que habían preparado en las jornadas de negociación.

Y para que quedara constancia de cómo son esta clase de procesos, el dirigente abertzale señalaba que «los mismos que han patrocinado las detenciones son los que hasta ahora nos llamaban, un día sí y otro no, por teléfono».

Regeneración

La ruptura del alto el fuego había dejado «tocada» a la izquierda abertzale, con muchas dificultades para volver a resituar su mensaje en el escenario político. A finales de verano esa carencia había ido corrigiéndose y para la primera quincena de octubre preveía volver a tomar la iniciativa con una propuesta de marco democrático para Euskal Herria. Y ahí llega el hachazo de las detenciones, que devuelve a la izquierda abertzale al discurso antirrepresivo y a centrar sus trabajos en restañar las heridas dejadas en la dirección por los encarcelamientos.

Y cuando acabado 2007 la izquierda abertzale vuelve a relanzar el debate sobre los contenidos de las conversaciones de Loiola, llega en febrero de 2008 otra nueva redada que se lleva por delante a catorce dirigentes y liberados en nómina de EHAK.

A partir de esa fecha, la práctica totalidad de las personas que han tenido responsabilidades políticas en la dirección de la izquierda abertzale están encarceladas. Sin embargo, encontraron relevos suficientes, a los que después se sumó Arnaldo Otegi al salir de prisión tras el verano.

La historia posterior es la de la puesta en marcha, en tan delicadas condiciones, de una estrategia política que llevó a la conformación de EH Bildu y su éxito electoral e institucional. Pero el juicio que comienza hoy y la sentencia del 35/02 hacen que muchos de sus dirigentes estén a estas alturas amenazados con la entrada en prisión y su inhabilitación.