Las personas que participaron en la undécima sesión del Consejo Vasco de Promoción Económica, celebrada en noviembre de 2007, son las responsables políticas de las ayudas públicas concedidas a Epsilon Euskadi, un proyecto fallido que recibió 48 millones de euros durante el último mandato de Juan José Ibarretxe. Además, el dictamen definitivo de la comisión de investigación sobre las ayudas concedidas a Epsilon e Hiriko, aprobado ayer con los votos de EH Bildu, PSE, PP y UPyD, atribuye también responsabilidades políticas a los miembros del consejo de administración del Parque Tecnológico de Araba, que en marzo de 2009 manifestaron su conformidad con unas operaciones de cesión de rango hipotecario en las que se han apreciado «irregularidades».

La aprobación del dictamen, rechazado por los representantes del PNV, estuvo marcada por la decisión de no citar expresamente los nombres de los integrantes de los consejos referidos, tal como reclamaron los parlamentarios de la coalición soberanista y de UPyD. Estos, que pidieron la dimisión de las personas implicadas en el caso Epsilon, pretendían incluir en el texto el nombre de la exconsejera de Industria, Ana Agirre, y de la actual consejero de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, entre otros dirigentes jeltzales. Una propuesta que fue rechazada por los vocales de PNV y PSE.

En una rueda de prensa posterior a la votación del dictamen, Igor López de Munain y Unai Urrruzuno destacaron que la comisión ha puesto de manifiesto la existencia de un «despilfarro de dinero público, de irregularidades y de amiguismo con el objeto último de enriquecer a personas cercanas al PNV».

A este respecto, afirmaron que, «por encima de las valoraciones que haga cada uno, hay una realidad y una verdad objetiva: más de 60 millones de euros de dinero público han desaparecido y no sabemos dónde están, aunque probablemente estén en los bolsillos de esas personas cercanas al PNV».

«Si el Gobierno vasco aplicara su propio código ético, las personas responsables de de esas irregularidades deberían estar mañana mismo en la calle. No basta con constatar que ha habido irregularidad, en política eso debe tener consecuencias», remarcaron los parlamentarios de EH Bildu, que anunciaron que seguirán trabajando para depurar todas las responsabilidades, ya sean políticas o jurídicas; y censuraron la labor de «desinformación y boicot» realizada por los representantes del PSE.

Esta apreciación choca con la valoración realizada por Vicente Reyes, que trató de marcar distancias con el PNV. «Esta comisión de investigación existe porque la pasada legislatura un gobierno socialista destapó este asunto. Y si se ha aprobado un informe es porque los socialistas hemos facilitado que esta comisión tenga lugar», señaló el parlamentario del PSE, que echó mano de otros dictámenes para tratar de justificar su rechazo a citar los nombres de los integrantes del Consejo Vasco de Promoción Económica.

«En la comisión de investigación sobre el «caso de Miguel» se decidió no citar el nombre de la consejera responsable de Industria», detalló a modo de ejemplo antes de manifestar que su partido no tenía «ningún problema» en apoyar la publicación de los nombres. «Si se hubieran puesto de acuerdo EH Bildu y UPyD hubiéramos votado a favor», manifestó como excusa, ya que el PSE hubiera votado en contra de la publicación de los nombres aunque hubiese existido un acuerdo entre soberanistas y unionistas.

Por su parte, el representante del PP, Carmelo Barrio, que ostenta también la presidencia de la comisión, manifestó que la comisión ha servido para entender que este tipo de proyectos -en alusión a Epsilon e Hiriko- no se deben repetir. «Todas las administraciones públicas tienen que establecer los controles necesarios para que este tipo proyectos fallidos no se vuelvan a producir», sentenció.

El representante de UPyD, Gorka Maneiro, denunció las trabas impuestas por el PNV y el PSE. «Durante este tiempo han puesto en el camino innumerables obstáculos, y lo cierto es que la comisión ha sido extraordinariamente fugaz. Ha habido poco tiempo para la presentación de las alegaciones, poco tiempo para estudiar las alegaciones presentadas, y tanto el PNV como el PSE han impedido que pueda haber más comparecencias para aportar luz sobre este caso», concluyó.

Desde el PNV, Luis Javier Tellería y Josune Gorospe subrayaron que, a su parecer, no se pueden atribuir responsabilidades políticas a las personas que integraban el Consejo Vasco de Promoción Económica y el consejo de administración de Miñano. «Hemos asistido a una comisión de inquisición al PNV, de politiquilla de salón», manifestaron los jeltzales, que afirmaron que el resto de grupos han «ocultado información y han utilizado la comisión de manera fraudulenta». «¿Por qué no se cita que las ayudas recibidas se concedieron en procedimientos concursales y en concurrencia competitiva?, ¿no es politización de la comisión que el presidente eche un capote al presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), ambos del PP», preguntaron.

«Fuimos a la comisión de investigación con el sincero deseo de, aun defendiendo posiciones partidarias, analizar racionar y lógicamente lo que podía haber ocurrido, para hacer un análisis lo más objetivo y transparente posible. Esa era nuestra posición de partida. Pero, lejos de dilucidar lo ocurrido, nos encontramos con que se ha ocultado intencionadamente información», lamentaron.

Más informes sobre Hiriko

En la comparecencia de los parlamentarios ante los medios de comunicación apenas hubo alusiones al apartado sobre el caso Hiriko. Al fin y al cabo, el dictamen de Barrio señala que «sería necesario, en aras al rigor y la información especializada y definitiva, disponer de informes oficiales de fiscalización de determinadas ayudas y subvenciones públicas recibidas por el proyecto Hiriko».

Sin embargo, el documento achaca una «responsabilidad in vigilando» a la dirección de SPRI, que gestionada los programas Etorgai y Ekintzaile. Según el texto, debía velar por el desarrollo de un proyecto materializado gracias a fondos público y debía conocer los planes de viabilidad de la empresa, que , en el caso de Hiriko, «no han existido de una manera coherente».

Cabe señalar que, en las conclusiones en torno al caso Hiriko, el dictamen sostiene que el Gobierno de Gasteiz «careció de una falta de visión estratégica al no haber apreciado los riesgos en relación con la necesidad de homologación del proyecto Hiriko». El dictamen también insta al Tribunal de Cuentas del Estado a que realice un informe de fiscalización de las distintas ayudas y subvenciones concedidas por las diferentes administraciones públicas a los promotores de este vehículo eléctrico.