UPN y PPN se han quedado solos en Mesa y Junta de Portavoces en la defensa del proyecto que contempla la implantación de tres centros de investigación de la Universidad de Navarra, del Opus, en el espacio que ocupa el IES Donapea y el traslado de ese centro al nuevo campus de formación profesional ubicado en Etxabakoitz, proyecto rechazado tanto por el pleno del Ayuntamiento de Iruñea como por el Parlamento foral.

El voto favorable del PSN ha permitido que prospere la tramitación mediante lectura única y urgencia de la proposición de ley de Bildu, Aralar, I-E y Geroa Bai de modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo, una norma que de ser aprobada, según han apuntado, supondrá la paralización del citado proyecto.

Como proponente de la iniciativa, el parlamentario no adscrito de Geroa Bai Manu Ayerdi ha explicado que el objetivo no es quitar al Gobierno de Nafarroa la capacidad de utilizar el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS) si un proyecto tiene interés general, ya que es una herramienta «lógica y razonable».

Su objetivo es que si el promotor de un proyecto decide recurrir en su inicio a la vía municipal, la respuesta de ese Ayuntamiento sea vinculante, ha precisado Ayerdi, quien se ha mostrado dispuesto a escuchar las sugerencias que el PSN pueda hacer al texto.

Esta iniciativa es motivo de preocupación para UPN, según ha reconocido su portavoz Carlos García Adanero, quien ha calificado como un «auténtico despropósito» la modificación que espera que finalmente no se apruebe, para lo que confía en que el PSN, que defiende la figura del PSIS, no la apoye.

En cuanto a Donapea ha reiterado que se trata de un «buen proyecto», que supone la creación de un nuevo centro de FP y una inversión privada de más 200 millones de euros en tres centros de investigación y la creación de puestos de trabajo.

El portavoz del PSN, Juan José Lizarbe, ha precisado que la modificación de la legislación no tiene que conllevar que la figura del PSIS quede completamente anulada y ha sido tajante al afirmar que su partido no quiere que desaparezca, sino que está a favor de un «uso racional» de un instrumento que, en su opinión, tiene que estar en manos del Gobierno.

«Uso perverso»

En el caso concreto de Donapea el Ejecutivo de UPN está realizando un «uso perverso» de esa figura, según Lizarbe, quien ha reiterado que su partido se opone a ese traslado porque en las actuales condiciones supone un perjuicio para la formación profesional y no garantiza el crecimiento.

La portavoz de Bildu, Bakartxo Ruiz, ve esa proposición de ley como el medio para impedir una operación que «al único que beneficia es al Opus».

Ruiz ha criticado que el Ejecutivo foral desoiga tanto al Parlamento foral como al Ayuntamiento de Iruñea y que no busque el interés general.

Por su parte, Patxi Zabaleta (Aralar-NaBai) ha apuntado que con esta iniciativa buscan paralizar un «tema que no tiene justificación», en el que el Gobierno debiera aceptar lo que decide la mayoría del Parlamento.

En relación con la proposición de ley, ha dicho que creen que la aprobación final de un PSIS debe contar con el visto bueno del Parlamento y ha precisado que no se trata de una ley solo para el caso de Donapea, sino para todos.

El portavoz del PPN, Enrique Martin, quien ha visto en esa iniciativa un intento más de paralizar el proyecto, ha precisado que habrá que ver cómo queda esa ley, para comprobar sin finalmente puede suponer la paralización de un proyecto que, a su juicio, acumula ya «demasiado retraso».

Un proyecto, ha añadido, que el PPN siempre ha apoyado, ya que supone una mejora para la Formación Profesional pública y conlleva una inversión de 206 millones de euros y la creación de 400 empleos.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, se ha mostrado convencido de que si se aprueba la proposición de ley se paralizará una operación que, en su opinión, implica un «despilfarro de recursos públicos» y perjudica a la FP pública.

Nuin ha criticado el «empecinamiento» del Gobierno de Yolanda Barcina al insistir en esta cuestión pese a la oposición del Ayuntamiento y el Parlamento y ha anunciado que harán las iniciativas jurídicas y políticas necesarias para «frenar este despropósito».