La acusación contempla las muertes desde el 1 de octubre de 2004, cuando entró en vigor en el Estado español esa figura jurídica. El magistrado señala a estas cinco personas como «máximos responsables» de la organización armada.

Por ello, ordena la detención e ingreso en prisión de Urrutikoetxea –el único que no se encuentra encarcelado– y para ello acuerda librar órdenes de detención internacional y europea con fines de extradición.

También reclama a los cinco procesados que, en el plazo de un día, presten fianza de entre dos y siete millones de euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se determinen en un futuro juicio.

Para el magistrado, «los máximos dirigentes de los aparatos político y militar de ETA en el periodo investigado tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado, lo que aparece con alta probabilidad respecto de atentados de especial significación».