En su auto, el magistrado justifica la entrada en el PP, que se ha prolongado durante catorce horas, en que este partido no le ha aportado todos los documentos que tiene sobre la reforma de la sede hecha por Unifica, empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, quien aparece en los papeles del extesorero del partido Luis Bárcenas como receptor de dinero en metálico por valor 888.000 euros.

En su auto, Ruz no solo ordenaba recabar los documentos sobre la reforma de la sede, sino también «cualesquiera otros elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables» de Bárcenas que reflejarían una supuesta caja B en el PP.

Otro de los argumentos apuntan a que el partido y la empresa Unifica «generaron» documentos para certificar y facturar las obras con el objetivo de «dar cobertura a una facturación oficial ficticia que sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra prestación de factura», pero también, destaca, hay indicios de que el resto de los trabajos se abonaron con «fondos ajenos que pudieren guardar correspondencia con las anotaciones contables reflejadas de los denominados papeles de Bárcenas».

El magistrado recuerda que en este caso se investigan delitos contra la Administración Pública como cohecho y tráfico de influencias y, en cuanto a Unifica, delitos fiscales que implicarían a Urquijo como autor y a los extesoreros y exgerentes del partido Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y Álvaro Lapuerta como cooperadores.

El presidente del partido y del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado que los integrantes de su partido están «tranquilos» y ha precisado que no ha habido registro alguno en la sede del PP, sino que lo que se ha pedido es colaboración y el partido se la ha dado. El secretario judicial y dos agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) han pasado toda la noche en la sede de Génova 13 escaneando documentos sobre las obras que allí realizó la empresa Unifica entre 2005 y 2011 y que, según sospechan los investigadores, se pudieron pagar en parte con dinero negro. En su auto, el juez Ruz establecía que si el PP no accedía a entregar los documentos se acordaría la entrada y registro en la sede.