El juez Pablo Ruz ha propuesto juzgar a seis personas en el marco del caso Bárcenas. Entre ellos están los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el exgerente de la formación Cristóbal Páez. Asimismo, considera al PP responsable civil subsidiario de los hechos investigados en torno a la caja B del partido, admitido por el propio Bárcenas.

En el auto, el juez también considera responsable civil subsidiaria a Unifica, empresa que ejecutó la reforma de la sede central del PP, y cifra en 1.552.000 euros el pago total a la compañía en B por las obras. De hecho, los otros tres nombres que ha propuesto para ser juzgados son los socios del estudio de arquitectura que llevó a cabo la reforma de la sede, Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero.

El juez, ha archivado la causa contra Ángel Acebes y 22 empresarios que, según la contabilidad B de Bárcenas, realizaron donaciones al PP, pese a que considera «indiciariamente acreditado» que el PP «se sirvió durante 18 años de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal Cuentas».

De esta forma, la caja B se utilizó para «el pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido». Igualmente, el auto señala que mediante esta contabilidad se pagó a «víctimas del terrorismo» como el concejal del PP de Amurrio Santiago Abascal, que recibió dos millones de pesetas en 1999, la familia del concejal José María Martín Carpena, a la que se realizó un ingreso de 160.000 pesetas, o la concejal de UPN Elena Murillo, que recibió medio millón de pesetas para alquilar una vivienda.

Bárcenas creó una cuenta paralela para la sede del PP en Bilbao

Ruz, en el mismo auto, entiende que el extesorero del PP generó una «contabilidad paralela» para pagar la sede de este partido en Bilbo. Así, hace referencia al pago de las cuotas de la hipoteca por la compra y la reforma de la sede del PP en Bizkaia, para la que el partido pidió un crédito de 165 millones de pesetas en el año 1999.

El juez incluye el pago de esta sede entre las operaciones sobre las que tiene indicios de que Bárcenas y de Lapuerta emplearon «fondos ajenos al circuito económico legal» para el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del partido.

Según el auto, Bárcenas creó esta contabilidad «mediante una cuenta aparte llamada 'Sede Vizcaya’» en la que se recogieron un conjunto de entregas y salidas entre noviembre de 1999 y el mismo mes de 2005. «Dicha subcuenta opaca recibió aportaciones en efectivo, que posteriormente eran ingresadas en las cuentas bancarias destinadas a recoger los ingresos por donativos en el Banco Vitoria y Banesto», afirma el auto.

En el auto judicial se menciona a Emilio Álvarez López, vinculado a la empresa Bruesa Construcciones y al grupo empresarial Bruesa, como «una de las personas a nombre de quien se anotan entregas por valor de 36.000 euros en fecha 23/05/2002», cantidad que fue ingresada de forma separada en cuatro operaciones.