Responsables municipales y vecinos afectados analizan con detenimiento el estudio de la ingeniería Ingeotyc sobre los antecedentes constructivos y la inestabilidad del talud del desmonte de la urbanización de Kamiñalde, cuyo derrumbe en marzo de 2016 obligó al desalojo de 176 familias, 84 de las cuales aún no han podido retornar a sus hogares. El informe cuestiona el modo en que actuó el Consistorio de Ondarroa, por entonces gestionado por el PNV gracias a la ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale (2003-2011). No se invirtió lo adecuado a pesar de que los técnicos habían alertado del riesgo y la necesidad de extremar el control sobre la zona.

El proyecto para urbanizar el área de Kamiñalde-Iturribarri se venía gestando en el Ayuntamiento desde las décadas de los 80 y 90, aunque no fue hasta 2002 cuando se concreta cómo acometerla. En noviembre de ese año, previo al proyecto, un informe geotécnico de Euroestudios advierte del riesgo de vuelco de estratos en la ladera como consecuencia del desmonte de 30 metros de altura media que se pretendía llevar adelante, incidiendo en que la presencia de agua incrementaba el peligro.

A pesar de ello, en marzo de 2004, otra firma presenta un nuevo informe que concluye que pueden habilitarse otras soluciones que abaratarían el coste de las contenciones, de 528.653,82 a 103.560 euros, sin disponer todavía de un estudio geotécnico «y sin un adecuado sustento de cálculos y planos constructivos». La sociedad municipal Ondarroa Lantzen da su conformidad y contrata a ASTIV para que lleve adelante la dirección de los trabajos.

En 2005, Altuna y Uria ejecuta la excavación del talud, subcontratando los anclajes a otra firma, no constando que se colocasen ni drenes ni inclinómetros como se preveía. Durante la excavación, se produjeron desprendimientos en la zona central, en un talud de 15 metros del altura, quedando en evidencia el peligro de vuelcos.

En febrero de 2006, SLECE –la firma a quien se subcontrató– muestra su preocupación sobre las «altas lecturas» en las células de carga y el riesgo de desprendimiento, con la posible necesidad de actuaciones de refuerzo para eliminar las fisuras o fracturas que habían aparecido.

A solicitud de Ondarroa Lantzen, en abril de 2006, el Grupo de Geotecnia de la Universidad de Cantabria analiza la estabilidad del desmonte y concluye que son necesarios anclajes complementarios para mejorar la seguridad y asegurar un drenaje adecuado y total de la ladera. En abril de 2007, la empresa Sogecros lleva a cabo nuevos trabajos en la zona donde se estaban construyendo los garajes y se habían producido corrimientos de tierras.

En marzo de 2008, en un primer informe de liquidación, desde la dirección de obra se concluye que no se ha actuado correctamente y poco meses después, en junio, se eliminan las referencias a las incorrecciones en la proyección de hormigón sobre la ladera y de algunos bulones. Ese cambio se produce al tiempo que Altuna y Uria presenta su factura de liquidación de la primera fase, por importe superior al proyectado inicialmente pero que la sociedad urbanística municipal abona.

Fallos en los anclajes

En noviembre de 2008, un informe de inspección de los anclajes constata fallos, altas tensiones en células y agua abundante en drenes, recomendando otra inspección en abril de 2009. No hay noticia, asegura el estudio de Ingeotyc, que esa revisión se llevase a cabo.

Antes, en octubre de 2008, el aparejador municipal informa de que «el talud de San Inazio ha dado múltiples problemas, desprendimientos, fallos en anclajes, etc. La dirección de obra sigue estudiando y analizando el comportamiento de la ladera y las mejoras a realizar por lo que la obra sigue su curso».

En marzo de 2010, Ondarroa Lantzen solicitó al Consistorio que recepcionase la urbanización a pesar de las dudas, lo que hizo en agosto, no recogiéndose reservas por la dirección de la obra ni advertencias de deficiencias ni necesidades de seguimiento y control a pesar de que existían. A partir de esa fecha, según los técnicos, comienza a correr el plazo de 10 años de garantía del seguro para responder a futuros defectos.

Se incide en el estudio de Ingeotyc en que se echa en falta la documentación de la obra ejecutada para entregarla a Ondarroa Lantzen como promotor, que debiera haber redactado la dirección de obra, que recoja la situación final y las labores necesarias de mantenimiento y seguimiento.

En marzo de 2016, tras una temporada de lluvias, se produjo el desprendimiento en el sector más oriental del talud de Kamiñalde. «En el back-analysis se deduce que se ha producido un vuelco de estratos o toppling, siendo necesario para que se origine la inestabilidad que fallen previamente varios bulones y la presencia de agua como último elemento desestabilizador», se apuntan en las conclusiones de Ingeotyc.

Cronología

Noviembre 2002

Un informe geotécnico de Euroestudios alerta de que el talud tiene riesgo de vuelco de estratos y que deberá ser bulonado, recomendando instalar inclinómetros para detectar movimientos.

Marzo 2004

La firma que llevará a cabo la dirección de obra, ASTIV, propone un cambio de distribución de los anclajes para abaratar costes.

durante 2005

Altuna y Uria ejecuta la excavación del talud.

setiembre 2005

Un estudio geotécnico alerta de que en las obras no se han seguido las recomendaciones de sostenimiento, dando lugar a inestabilidades.

febrero 2006

La subcontrata que instala los anclajes advierte a Altuna y Uria de las altas tensiones y del riesgo de desprendimiento.

marzo-junio 2008

ASTIV informa de errores en el hormigonado de la ladera y en los anclajes, que luego retira de los informes de liquidación.

Agosto 2010

El Consistorio recepciona la obra sin que consten reservas ni se advierta de deficiencias por parte de la dirección de obra de ASTIV.

Marzo 2016

Desprendimiento en la ladera de Kamiñalde que obliga al desalojo urgente de 176 familias.