Fuentes del Govern han explicado a Europa Press que ninguna de las dos empresas que optaban a hacerse con la licitación para fabricar 8.000 urnas ha superado los trámites previstos.

El proceso de licitación ha sido «polémico» porque la Fiscalía se ha querellado contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general en el momento de la licitación, Francesc Esteve, al entender que las urnas podrían usarse para el referéndum anunciado para el 1 de octubre.

Precisamente, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) abrió investigación la semana pasada a Borràs y Esteve por esta licitación de compra de urnas al admitir a trámite la querella de la Fiscalía.

La portavoz del Govern, Neus Munté, dijo la semana pasada que la querella no tiene base jurídica y que «las empresas conocen perfectamente el marco legal vigente y la legalidad de este procedimiento administrativo. Deben poder hacer su trabajo con tranquilidad y sin amenazas».

Compromiso intacto

Munté ha asegurado que mantienen «intacto» su «compromiso con la compra de urnas. ¿Habrá urnas el 1-O? Evidentemente, habrá urnas. Para hacer un referéndum se requieren urnas», ha recalcado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

«El Govern no tiene planes B o C. Tenemos un mandato democrático claro, que pasa por celebrar un referéndum con las máximas garantías y carácter vinculante el 1-O», y ha emplazado a la Fiscalía a retirar la querella contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y el secretario general del Departamento en el momento de la licitación, Francesc Esteve.

Para Munté, declarar desierto el concurso era una eventualidad que podía suceder, y ha precisado que si la homologación no ha sido posible es por la solvencia económica de las empresas que se presentaron: «Ha pasado otras veces que en un proceso de contratación las empresas no pueden completar ni acreditar requisitos de solvencia económica o técnica que requiere la ley».

También ha destacado que todo el procedimiento se ha seguido «escrupulosamente lo que marca la ley y el pliegue de cláusulas», pero que el Govern no puede seguir adelante si las empresas no pueden acreditar por diferentes motivos los requisitos formales y técnicos que se les requería.

Preguntada sobre si sospecha que el Gobierno español ha amenazado a posibles empresas con más solvencia económica para que no se presentaran al concurso, ha señalado que no lo puede asegurar pero sí ha aseverado que «las amenazas han existido» sobre empresas, funcionarios y posibles voluntarios. «Exigimos al Gobierno que deje de amenazar a personas, instituciones y empresas que estrictamente cumplen con su trabajo y obligaciones», ha reclamado.