El Ministerio Público ha impugnado ante el Tribunal Supremo los ocho recursos de casación de las defensas de los jóvenes de Altsasu contra la resolución de la Audiencia Nacional que les impuso penas de 2 a 13 años de cárcel acusados de delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

La Fiscalía renuncia a reclamar una condena por «terrorismo» y se limita a impugnar los escritos de los ocho condenados al considerar que a la vista de las dos sentencias dictadas hasta ahora, que rechazan calificar los hechos de «terrorismo», no era procedente seguir recurriendo ante el Supremo.

En su respuesta a las defensas, el fiscal afirma que aprecia prueba suficiente para ratificar la condena al entender que las lesiones vienen agravadas por la «discriminación por motivos ideológicos» de los agentes dada su condición de guardias civiles.

Y se opone también a la parcialidad de los magistrados de la Audiencia Nacional por haber sido condecorados por la Guardia Civil y por el matrimonio de uno de ellos con un miembro del instituto armado, de manera que a su juicio no se puede sostener que hubieran actuado de forma sesgada.