La mayor parte de las defensas que asisten a los procesados por el «caso Altsasu» han presentado un escrito recusando a toda la Sala que debe valorar ahora la sentencia condenatoria. La decisión responde a una comunicación por parte de la sala en relación al primer objeto de recurso, la petición de nulidad del procedimiento por la presencia de Concepción Espejel como presidenta del tribunal que enjuició los hechos.

En su día, todos los abogados defensores solicitaron que se apartara del caso a Espejel, pues consideraban que no se trataba de una jueza imparcial. Justificaban la petición en el hecho de que Espejel es la esposa de un coronel de la Guardia Civil y que este cuerpo, en sus informes, sostenía que la pelea en el Koxka fue una acción destinada a generar temor en los agentes del cuerpo «y sus familiares». Es decir, la acción iba dirigida también hacia la propia Espejel. Por tanto, la presencia de esta jueza atentaba contra la «apariencia de imparcialidad» que debe guardar el tribunal. Asimismo, añadían en su escrito que Espejel cuenta con una medalla concedida por la Guardia Civil, lo que abundaba en que su imparcialidad estaba comprometida.

Espejel decidió no dar trámite a esta petición de recusación, alegando que se formuló fuera de plazo. Una vez emitida la sentencia (que condenó a siete jóvenes a penas de entre 9 y 13 años), la defensas solicitaron la nulidad del juicio por este motivo (junto con otros) a la sala de apelación.

En octubre, los tres miembros de la sala de apelación respondieron que dos de ellos también recibieron medallas honoríficas por parte de la Guardia Civil, pero añadían que este hecho no es motivo para abstenerse a la hora de enjuiciar sobre el caso.

En respuesta a ello, los abogados solicitan que la sala sea recusada. Sostienen que la sala «está admitiendo su propia falta de neutralidad par resolver esta cuestión, pues antes del examen de los argumentos del recurso (que todavía no se ha examinado) ya se han posicionado sobre uno de los motivos del mismo».

Velasco y Covite

Uno de los jueces condecorados es José Ramón Navarro (designado como ponente del recurso) que cuenta con la más alta condecoración que concede la Guardia Civil, la Gran Cruz al Mérito. El otro magistrado es Eloy Velasco que, además de la medalla, ha realizado unas declaraciones que las defensas entienden que también comprometen su imparcialidad.

Concretamente, los abogados de los jóvenes aluden a unas manifestaciones que Velasco realizó en noviembre de 2017 (un año después de la pelea) en unas jornadas organizadas por Covite, uno de los denunciantes en este caso. «El magistrado alertó allí del ‘peligro de los jóvenes de la disidencia de ETA’, ya que aunque ve difícil la vuelta a la confrontación, estima que ‘dentro de poco van a salir a la calle activistas fuertemente ideologizados’», dice la nota de los abogados. Asimismo, Velasco también se pronunció públicamente en favor de que el caso no fuera juzgado en Iruñea porque la Audiencia Nacional tenía más conocimiento del fenómeno del «terrorismo».

El incidente de recusación lo deberá ver ahora el Pleno de la Sala de la Audiencia Nacional. La resolución de este intento de recusación supondrá algún retraso en la revisión de la sentencia (que se solicitó también en base a otras argumentaciones). Cabe señalar, de otra parte, que la sala compuesta por Velasco, Navarro y Enrique López ya falló en torno a los incidentes de Errepresioari Autodefentsa, descartando «terrorismo».