Después de tres jornadas intensas, extrañas muchas veces y siempre maratonianas, este mediodía ha quedado vista para sentencia la causa abierta en la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia contra el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, y tres funcionarias de los Servicios de Infancia de Bizkaia por el «arrancamiento» de su hija de 5 años a Irune Costumero el 4 de agosto de 2017, con finalidad de cederle la custodia provisional al padre.

La sala, presidida por María José Martínez, deberá decidir ahora si los acusados incurrieron en los delitos de prevaricación, maltrato y lesiones psíquicas; es decir, que si, al firmar la orden foral que separó a madre e hija, actuaron a sabiendas de que incumplían la ley. Y también tendrá que dilucidar sobre lo que pasó aquel día, así como cuáles han sido las consecuencias que ha traído para Costumero y su hija.

Junto a Murillo, María Antonia Giner, jefa de Recepción y Valoración del Servicio de Infancia de la Diputación de Bizkaia y Consuelo Alonso, jefa del Servicio de Infancia –los tres, firmantes de la orden foral–, y la trabajadora social Maika Urrutxurtu se enfrentan a una petición de hasta cinco años de prisión y quince años de inhabilitación especial para cargo público.

Las conclusiones

La última jornada ha tenido dos partes destacadas: una, la contundente declaración de los peritos presentados por la acusación particular; la otra, las conclusiones finales en las que, en el caso de la defensa y la fiscal, han querido mandar un mensaje a los medios de comunicación, molestas ambas por las informaciones aparecidas durante la vista oral respecto a la cuando menos llamativa actitud de la fiscal.

Una, la defensa, ha dicho ser consciente de que este es «un caso mediático» y se ha mostrado «molesta» con la prensa «porque parezca que el Ministerio Fiscal está haciendo la labor de la defensa». También porque se «está machacando» en la prensa, ha dicho, «a estos cuatro profesionales», en relación a los acusados. La otra, la fiscal, ha advertido que «no defiendo a la Diputación, porque el Ministerio Fiscal actúa en defensa de la legalidad, el interés del ciudadano y el interés público amparado por la ley».

En esa línea, esta última ha pedido la absolución para los acusados, porque «lo que hizo la Diputación es aplicar la ley»; un ente que, al recibir a la niña en «una situación de elevado riesgo, no les queda más remedio que dictar esa orden». Ha deslizado, de nuevo, que sí existe la Alienación Parental –aunque no un síndrome sino un desorden, ha dicho– y ha vuelto a poner el foco en Irune Costumero, al preguntarse si ella «tenía todo pergeñado» con antelación, porque presentó una denuncia judicial contra la Diputación «solo» dos días después de que le quitaran la niña.

De hecho, en esto también ha coincidido con la abogada de la defensa, que ha pedido además que las costas del juicio, en caso de sentencia absolutoria, recaigan sobre la acusación particular porque «pedir 600.000 euros no puede salirle gratis a la acusación particular». Para ella, el caso «parte de un error de base, porque Irune Costumero se siente víctima de violencia de género, cuando este es otro tema».

«Corta y pega»

Para Iñaki Arana, el abogado de Irune Costumero, los acusados incumplieron la ley a sabiendas y de forma «arbitraria» al hacer caso omiso a que ambos progenitores ostentaban la custodia compartida por sentencia judicial. Pero el ente foral es «impermeable al Derecho», ha dicho. Basándose en un informe «falso y tendencioso» realizado por Maika Urrutxurtu, sobre otros informes, como el de la psicóloga Beatriz Lafuente y en el que por primera vez se habla de un supuesto Síndrome de Alienación Parental que sufre al niña respecto a la madre, ha apuntado que con el sistema de «corta y pega» se construye un caso y llaman a la madre «engañándola», sin que pueda ni siquiera estar asesorada con un abogado.

«Llevándolo a la medicina, en la Diputación se opera sin hacer un scanner», ha añadido el letrado. Luego, los Servicios de Infancia, cuando estos casos «llegan al juzgado saben que les cesan las órdenes forales, porque se las cesan siempre. Pero ya le han torturado a la madre».

En esta vista se ha podido escuchar, por cierto, una grabación, facilitada a la madre por un anónimo del Servicio de Infancia, en la que en los primeros 3-4 minutos se escuchan los desgarradores gritos de la niña aquel 4 de agosto de 2017.

En esta jornada final, los testimonios han sido más técnicos. Beatriz Lafuente, la piscoterapeuta de Bizgarri que realizó uno de los informes más polémicos por la aparición del SAP, ha redundado en la idea que una madre que interfería en el desarrollo de su hija; las psicólogas forenses Ane Olaizola y Amaia Martínez, del equipo de la Audiencia de Bizkaia, han explicado sus informes, en los que la niña ya verbalizaba que «le tengo miedo a mi padre», aunque han apuntado que «lo verbal no se correspondía con lo emocional».

Amaia Martínez ha apuntado que la relación entre ambos progenitores era conflictiva, pero «funcionaban bien como padres a nivel individual, no conjuntamente. Tenían problemas y necesitaban algún tipo de intervención» de los Servicios Sociales para la niña, aunque sin cambiar la custodia compartida.

«Una mujer devastada»

Curiosa ha sido la forma en la que la defensa ha exclamado en sus conclusiones finales que no necesitamos «salir de nuestras fronteras» para obtener unos buenos informes de técnicos especialistas, que aquí los hay muy buenos. Se refería los presentados por la acusación.

El 11 de agosto de 2017, poco días después de que le quitaran a su hija, Irune Costumero contactó a través de su página web con la psicóloga argentina Sonia Vaccaro, una conocida profesional de larga carrera y especializada en violencia de género. El 18 fue a su consulta, en Madrid, como ha relatado en la sala: «Me encontré con una mujer devastada. Era una madre amorosa y tierna, que no entendía un hecho tan traumático. Ella misma me pide que le evalúe por si le había hecho un daño extremo a su hija y si descubría algo, cómo hacer para no hacerlo más. Tenía un sentimiento extremo, por lo que había pasado y le habían dicho durante años. Y nada más lejos de lo que quería era ser una mala madre».

Vaccaro ha sido sumamente crítica con el «sesgo interpretativo» de los informes utilizados por el Servicio de Infancia. «Desde el primer momento, todo lo de la madre era malo. Todo lo del padre, bueno. Eran manifestaciones subjetivas, hasta el punto de que la trabajadora social hace un diagnóstico clínico y no es su ámbito de trabajo». ¿Y el uso de la alienación parental como se ha oído estos días? «Es una forma solapada del supuesto Síndrome de Alienación Parental, uno de los sucedáneos que continúan usándose a pesar de que está prohibido expresamente».

¿Es Irune Costumero víctima de violencia de género?, se le ha preguntado. «Sí, lo fue», ha respondido Vaccaro. «Porque una niña rechace la figura de un progenitor, amputarle al otro progenitor es un acto que linda más con la crueldad que con la parte clínica», ha concluido.

Dolores Serrat y Juan Carlos Giménez son médicos forenses y psiquiatras. Dolores Serrat, que ha hecho tres informes en 2019, 2020 y 2021 de madre e hija, ha echado también por tierra los informes realizados en el Servicio de Infancia, por «inespecíficos» y porque, entre otras razones, «se dice que hay alto riesgo para la niña, pero no se explican las causas». Ha sido una declaración demoledora, en la que ha explicado que la niña ya presentaba un sentimiento contrario al padre en su primera entrevista y actualmente «no ha mejorado, pero ha hecho una disociación de su entorno, ha buscado un mecanismo de defensa y vive la situación con resignación».

«De los informes previos yo discrepo –ha añadido– en que haya un vínculo negativo con la madre; existe un apego emocional que le da seguridad, que favorece su personalidad y sus interacciones, y que es roto de forma abrupta». En el último informe, de 2021, se aprecia mejora en la niña, al recobrar el vínculo con la madre al ampliarle las visitas. Antes «estaba totalmente retraída».

«Hasta a las madres con problemas de esquizofrenia, que es la patología más grave que existe, se les deja sus hijos con ellas. De ahí la importancia del apego», ha añadido Juan Carlos Giménez.