«Lo que ha hecho Bildu con sus listas electorales es exactamente lo contrario de la reconciliación, es realmente volver al pasado». Lo ha afirmado en Gasteiz este domingo, tal cual, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El partido que con Aznar elevó la venganza a guía de acción política y que con Rajoy llegó a obstruir el desarme de ETA, cosas veredes, haciendo apología de futuro y de reconciliación. No encuentro precedentes de que este último término haya salido de boca de un dirigente del PP referido al conflicto vasco. «Vencedores y vencidos» no casa precisamente con reconciliación, ni seguir hablando de qué hará hoy ETA con criticar la «vuelta al pasado».

No parece que este lunes los Jiménez Losantos de turno hayan encendido la pira inquisitorial para el gallego. Ni tampoco que, pese a ser tan novedosa, el resto de partidos haya valorado la afirmación. Así que habrá que concluir que o a Feijóo no le han tomado en serio o lo que diga un líder del PP en una campaña vasca simplemente importa muy poco.

Hagamos, con todo, un esfuerzo por pensar que Feijóo hablaba en serio. Que no quiere mirar al pasado, y por tanto va a aceptar ya la evidencia de que las personas que han cumplido sus condenas –durísimas condenas– recuperan todos sus derechos y pueden ser candidatas exactamente igual que el resto.

En buena lógica el PP tampoco se opondrá a la derogación de la 7/2003 que diseñó Aznar para aquel pasado en que la estrategia estatal era «que se pudran en la cárcel», definitivamente fuera de contexto histórico. ¿Cómo no va a estarlo 20 años después, más de la mitad de ellos ya sin atentados?

Como también quiere impulsar la reconciliación, dejará de trampear el criterio europeo troleado en 2014 para que los presos vascos cumplieran condenas por partida doble. Esto no solo les reconciliará con la legalidad, sino también con las familias a las que están castigando indirectamente.

El giro de Núñez Feijóo le hará también ser visto de otra forma por las víctimas de la violencia estatal, que tras décadas de desatención han tenido que esperar a que el Constitucional avalara las normas de reconocimiento y reparación por culpa de los recursos obstruccionistas del PP. Incluso tendrá impacto sobre agentes cercanos como la Guardia Civil, que contribuirá, aunque sea anónimamente y sin consecuencias penales, a resolver «crímenes sin resolver», desapariciones incluidas.

La propia acción institucional se verá beneficiada, porque el PP se sumará a todos los consensos tejidos en materia de presos, víctimas o memoria, con lo que adquirirán unanimidad, más allá de la presencia escuálida y abominable de Vox.

Y si este cambio se asienta, no descarten siquiera que el PP acabe haciendo su Declaración del 18 de Octubre (aunque no la llamará así para evitar memes sobre el 18 de julio). En ella expondrá su respeto a las víctimas de la violencia del Estado (especialmente los quince años en que ha gobernado en La Moncloa), dirá que su dolor nunca debió haberse producido, lamentará haber tratado de imputar a ETA falsamente la mayor matanza en la reciente historia española o apostará por el diálogo para resolver el litigio político entre Euskal Herria y el Estado.