Los sindicatos ELA, ESK y CCOO han convocado una huelga indefinida a partir del próximo día 16 en la empresa Gizatzen, subcontratada por el Ayuntamiento de Donostia para labores de limpieza de instalaciones municipales, para «acabar con la doble escala salarial que sufren sus trabajadoras y garantizar el poder adquisitivo».

Según ha explicado ELA en un comunicado, tras la convocatoria de una semana de huelga realizada en mayo, la empresa «sigue sin cumplir estas exigencias», por lo que recurrirán a la huelga indefinida. En Gizatzen trabajan alrededor de 180 personas, más del 90% son mujeres, y un tercio tiene contratos laborales parciales. Llevan a cabo su labor en instalaciones como escuelas públicas, casas de cultura, haurtxokos o teatros.

La empresa Gizatzen fue adjudicataria de los pliegos en 2022 y, nada más hacerse cargo del contrato, «creó una doble escala salarial». A las trabajadoras subrogadas de la empresa anterior se les siguió aplicando el acuerdo de empresa, mientras que a las contratadas a partir de febrero de esa fecha se les aplicó el convenio colectivo de edificios y locales de Gipuzkoa.

4.000 euros menos al año

De esta forma, según ha indicado ELA, las trabajadoras a las que se aplica dicho convenio «reciben un salario de casi 4.000 euros menos –al año– por realizar el mismo trabajo en el mismo centro».

Con la apertura de la mesa negociadora, ELA, CCOO y ESK hicieron públicas dos de sus principales reivindicaciones, que incluyen aplicar el acuerdo de empresa a todas las trabajadoras, y actualizar los incrementos salariales en función del IPC desde 2022, para que todas tengan las mismas condiciones laborales y no pierdan poder adquisitivo.

Transcurrido un año desde el inicio de la mesa de negociación y ante la «actitud absolutamente irresponsable» de la empresa, las trabajadoras iniciarán una huelga indefinida a partir del 16 de septiembre.

La responsabilidad del Consistorio

Los sindicatos subrayan la «responsabilidad» del Ayuntamiento donostiarra en este proceso, ya que cuando sacó el nuevo pliego «les redujo casi 300 horas semanales, disminuyendo la dotación económica y permitiendo que la empresa empezara a aplicar el convenio provincial».

«Nos parece grave que dos personas que desempeñan el mismo trabajo en la misma empresa perciban distintos sueldos, pero más cuando esto se financia con dinero público bajo la supervisión de una administración pública», denuncian.