El debate sobre la revisión fiscal ha estado totalmente viciado desde un inicio, lleno de trampas impuestas desde el poder, y no estaría mal hacer un parón y «resetear». Apagar y encender.

El actual modelo fiscal viene de 2017 y PNV y PSE lo acordaron con el PP para garantizarse, a su vez, la aprobación de los presupuestos. Andoni Ortuzar, Idoia Mendia y Alfonso Alonso cerraron el 24 de noviembre un pacto que aceptaba la principal premisa de la derecha española: bajar el Impuesto de Sociedades. Al margen de los contenidos del acuerdo fiscal, las formas ya rompían una premisa que siempre se había mantenido hasta el momento: mezclar los presupuestos con la fiscalidad, el Parlamento con las Juntas Generales, el Gobierno de Lakua con las diputaciones forales. Eso que el PNV siempre había fijado como una línea roja cuando desde la izquierda se pretendía que en el debate presupuestario se hablara no solo de gastos sino también de ingresos y, por tanto, de impuestos.

Aquel acuerdo de 2017 incluía un compromiso que el propio PNV difundió en redes sociales: «Atendiendo a los resultados que arroje la evaluación de estas nuevas medidas, los firmantes nos comprometemos a someter el IRPF a una revisión con el horizonte de 2020». Pero llegó la pandemia y esa revisión se fue aplazando. Se puede repasar la hemeroteca y verán que, de nuevo de forma contradictoria, fue el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Lakua, Pedro Azpiazu, quien se convirtió en el portavoz sobre esta materia, anunciando que la revisión se iba retrasando, hasta fijarla finalmente para 2023 pero siempre después de las elecciones forales de mayo de ese año.

Tras esos comicios comenzaron algunos trabajos en juntas generales y, por ejemplo, en Gipuzkoa, en julio de 2024, se llegó a un acuerdo entre EH Bildu, primera fuerza del territorio, y PNV y PSE, partidos que gobiernan la diputación. El informe de conclusiones aprobado debía ser la base para redactar la reforma fiscal.

El 11 octubre de 2024, Pello Otxandiano propuso en el Parlamento a PNV y PSE, a través del lehendakari, Imanol Pradales, alcanzar un acuerdo presupuestario global para el Gobierno de Lakua y las tres diputaciones lo que, evidentemente, incluía hablar de la fiscalidad, y tenía el acuerdo de Gipuzkoa como un campamento base ya instalado. La propuesta de EH Bildu fue finalmente rechazada. Pradales reprochó a Otxandiano «desconocimiento o poco respeto por la estructura institucional» y «confederal» de la CAV, e incluso habló de que esta «imposición vertical» socava «el sentido de comunidad» que EH Bildu predica.

Poco después de esas acusaciones, el 30 de octubre, y con una nueva contradicción (o trampa, si se prefiere) PNV y PSE, y dejando de lado el acuerdo de Gipuzkoa, anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para la revisión fiscal y tributaria que se concretará en un proyecto de norma que aprobarán las tres diputaciones y luego se debatirá en las Juntas Generales. Un acuerdo global e impuesto desde los partidos. La misma interpretación de la «estructura institucional confederal» de la CAV que PNV y PSE hicieron junto al PP en 2017.

El problema para los proponentes es que no tienen mayoría suficiente ni en Araba ni en Gipuzkoa. Sin entrar en el contenido preciso del pacto alcanzado por PNV y PSE lo que resulta difícil de entender es la forma con la que se ha afrontado su negociación: se presenta como una oferta tan buena que nadie puede rechazar. Ya lo dijo Vito Corleone en ’El Padrino’. Y de esa forma, los partidos del gobierno se autoinvisten de una neutralidad bondadosa, mientras que a las formaciones que cuestionan sus puntos les acusan de tacticismo, de partidismo y de no buscar el bien de la comunidad, y sobre todo de los jóvenes y rentas más bajas.

Aunque cualquier movimiento en este campo tiene un importante contenido ideológico, da la impresión de que a los partidos del gobierno les da igual con quién aprobar su ajuste fiscal, que hay quien reclama que sea una verdadera reforma, y que en cualquier grado que se haga tiene un importante contenido ideológico. Pero el PSE pone pie en pared y dice que con el PP, nada. Y aunque el PNV insiste en que hay que hablar con todos, finalmente se avanza en la negociación con Podemos. Pero la formación morada, muy desgastada interna y externamente, (cuya líder Irene Montero había llamado recientemente «cachorritos de Repsol» al PNV) no vio suelo suficiente para dar el paso.

Ante eso, el PSE opta por tratar de presionar a Podemos para que se decida a apoyarles. Parece una posición lógica dentro del dislate en el que ya se ha convertido todo. Pero a media tarde del martes el EBB tomó la palabra y lanzó un ultimátum: hace a todos (también al PP) la misma oferta que a Podemos pero dejando claro que «este acuerdo fiscal constituye nuestra posición definitiva».

No se sabe si el mensaje de Sabin Etxea va destinado al resto de partidos o al PSE. Eneko Andueza dijo ayer que la posición estaba pactada con sus socios jeltzales, al tiempo de que se felicitaba de que el PNV hubiera admitido tomar como base el documento inicialmente acordado con Podemos y que está más cerca de sus posiciones que el original. Es posible que el PNV haya querido dejar claro que si no se puede hablar con el PP tampoco se puede llevar el documento final más a la izquierda. Cosas entre socios.

Nerea Kortajarena dudó ayer de que haya «alguien al volante» porque se nos «está planteando una propuesta negociada con otro grupo, que ha recibido el desplante de ese otro grupo, y que ahora se plantea prácticamente como un ultimátum. Y es una propuesta que se hace igual al PP que a EH Bildu.

Como estrategia negociadora para ganar unos apoyos  que les son indispensables parece extraña. Quizá el PNV prefiera que ya no se mueva nada cerrar esa carpeta y culpar luego a EH Bildu. Pero lo provechoso sería hacer de la necesidad virtud y volver a empezar y hacerlo en serio. «Game over» «Insert coin»