Araba, Nafarroa, Bizkaia, y ahora Gipuzkoa. Las grietas en el sistema oficial de tutela a menores, responsabilidad de las diputaciones en Euskal Herria, vuelven a quedar de manifiesto, esta vez con un caso ocurrido en Altza (Donostia). Un hombre de 28 años ha sido detenido por la Ertzaintza y encarcelado como presunto agresor a varias personas menores, que según confirman varios medios estaban tuteladas por la Diputación de Gipuzkoa.

Se matiza que el encarcelado no era un trabajador del sistema de protección ni tenía relación alguna con él. Lo mismo ocurre en la mayoría de los casos similares producidos en estos últimos años. En cualquier caso, la reiteración constata por un lado la situación de vulnerabilidad de estos menores, y por otro, las fallas en los mecanismos oficiales de asistencia.

Algunos de los casos que proliferan en Euskal Herria en estos últimos años han sido presentados mediáticamente como «prostitución» y otros simplemente como agresiones sin «contraprestación» alguna, pero tanto unos como otros reflejan un mismo déficit a nivel de protección y amparo.

Sansoheta, siete víctimas y nueve condenados

El caso más grave conocido y juzgado se produjo en Araba, en el centro de Sansoheta. En 2022 la Audiencia Provincial de Araba condenó a un total de 79,5 años de cárcel a nueve personas, por delitos como corrupción y abuso sexual contra menores de 16 años, en algún caso continuado. Cuatro de los acusados reconocieron los hechos y alcanzaron un acuerdo con las acusaciones.

Las agresiones afectaron en total a siete menores de edad: dos de ellos estaban tutelados por la Diputación y otros dos vivían en el citado centro en guarda pero seguían bajo tutela de sus progenitores.

Resultó significativo que, cuando se produjo el estallido del caso seis años antes, el diputado general de Araba, Ramiro González, sugiriera que casos así se producen también en otros lugares. González pidió «no escarbar en el pasado» de estos centros porque con ello «se corre el riesgo de sacar situaciones tremendamente complicadas», y alegó que esto no ocurría solo en Araba sino también en «Gipuzkoa o Burgos». La Diputación guipuzcoana que entonces lideraba Markel Olano salió al paso de esta declaración para negar «tajantemente» que en sus centros de acogida de menores «haya o haya habido ningún caso de prostitución».

31 casos en seis años en Bizkaia

Los datos judiciales parecen dar la razón al diputado general alavés en su intento de justificación. Y es que ningún herrialde ni diputación puede presentar un historial inmaculado en este terreno.

Por lo que respecta a Bizkaia, la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, admitió en 2023 de que se habían presentado 31 denuncias de menores bajo tutela de Diputación por delitos contra su libertad sexual en los últimos seis años, a ritmo de cinco por año. Pidió no generar «alarma» en torno a ello. Y quiso subrayar que solo uno de los casos se había producido en el interior de un centro.

Otro dato elocuente de la gravedad del problema aportado por Antxustegi fue que en torno a un cuarto de las denuncias por agresiones sexuales presentadas en Euskal Herria tiene relación con menores tutelados, generalmente como víctimas y en algunas ocasiones también como victimarios.

La Diputación de Bizkaia admitió 31 denuncias de menores tutelados en seis años. A nivel estatal son 1.100 en un periodo similar

Un año antes de esta comparecencia había trascendido que la Ertzaintza investigaba si menores bajo tutela de Diputación de Bizkaia en el hogar Zabalondo de Mungia habían sido víctimas de prostitución. Se detalló que entre las víctimas había chicas de 14 años, algunas de ellas tuteladas, y las agresiones se habrían producido en una vivienda de Santurtzi. No ha habido más noticias al respecto. En general esta cuestión tiene menos eco mediático del que adquieren otros casos de agresiones sexuales, debido a la necesidad lógica de proteger a los menores.

Sin llegar a la dimensión de Bizkaia o al caso de Sansoheta, en Nafarroa también se han producido episodios graves. El pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa confirmó condenas de 39 y 29 años a dos personas por prostituir a tres menores tuteladas por el Gobierno navarro. Un tercer acusado, que ejercía como cliente de la red, reconoció los hechos y fue condenado de conformidad a dos años de prisión al comienzo del juicio, celebrado en julio de 2023. Dos de las tres menores víctimas tenían solo 14 años, y la otra, 17.

Ilundain y Aia

En el centro de menores de Ilundain, junto a Iruñea, un interno fue condenado en 2023 a cinco años de cárcel por violar a una joven ingresada en el mismo centro. Y en 2017 trascendió una situación también muy llamativa, cuando el párroco de Taxoare denunció que estaba siendo extorsionado mediante una foto suya con un menor del centro, de contenido eminentemente sexual. El cura afirmó que el adolescente le había tendido una trampa, por la que se le abocó a pagar 39.000 euros.

El último caso conocido hasta este de Altza también se ubicaba en Gipuzkoa y está a la espera de juicio. La Fiscalía ha pedido once años de cárcel para un educador del centro de menores Iturriotz-Azpi, en Aia, por abusar sexualmente, entre los años 2019 y 2022, de una adolescente en situación de desamparo, tutelada por la Diputación de Gipuzkoa, cuando tenía entre 13 y 14 años.

Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el hombre aprovechó la buena relación que tenía con la niña para pedirle que sacara fotos íntimas a cambio de dejarle su móvil, darle más comida o dinero. También le ofreció dinero a cambio de relaciones sexuales. El texto de la Fiscalía detalla además que en alguna oportunidad el varón ayudó a la menor a escaparse del centro y en otras dos ocasiones llegó a dormir en casa del educador, en camas separadas, mientras ella se encontraba fugada.

Las menores, más vulnerables

En cualquier caso, los casos en que los agresores son profesionales de la red de tutela resultan ínfimos. Lo habitual, subrayan expertos, es que estos menores sean presa fácil para redes de explotación sexual o bien para personas sin escrúpulos que detectan su vulnerabilidad. Y es ahí donde los sistemas oficiales no aportan el plus de protección que se precisa.

Expertos y trabajadores subrayan que estos menores son presa fácil para redes de explotación sexual o personas que detectan su vulnerabilidad

La carencia de medios puede tener también su influencia. En 2021 la plantilla que gestiona el centro de Ilundain denunció en el Parlamento la sobreocupación del centro, con hasta 23 menores en julio pese a haber solo quince plazas. Indicaron que en estas condiciones era inviable garantizar la seguridad. El Defensor del Pueblo de Nafarroa dio la razón a sus quejas.

La vulnerabilidad afecta, por último, mucho más a las chicas que a los chicos. Como indicio, en los datos aportadas por la diputada vizcaina Amaia Antxustegi, de las 31 víctimas constatadas en seis años 25 eran mujeres y 6 hombres.

Un problema generalizado

Esta lacra, lógicamente, no es exclusiva de Euskal Herria, sino que está generalizada en el entorno. Un informe reciente cifró en 1.100 las denuncias de casos de agresiones sexuales a menores tutelados en el conjunto del Estado español desde 2019, es decir, más de 200 por año. Desde instancias como el Consejo General de Colegios de Educadores y Educadoras Sociales se alerta de que las tecnologías digitales al agravado el problema por hacer más accesibles a estas chicas y chicos para los agresores. Incide en que «necesitamos tener mucha formación en la detección, para identificar antes cuándo una chica o chico puede estar cayendo en este tipo de redes».

Save The Children también incide en la prevención especializada como única fórmula de impedir estos casos. Para Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política, la cuestión se resume así: «Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en centros de protección están privados de cuidado parental, una situación extraordinaria con consecuencias emocionales, afectivas y psicológicas que les convierte en un colectivo de especial vulnerabilidad, con un mayor riesgo de ver vulnerados sus derechos y ser víctimas de violencia, siendo su expresión más extrema la explotación sexual. El sistema de protección debe asegurar que los centros son entornos seguros y elaborar protocolos de prevención y detección temprana de estas situaciones como prevé la ley».