Trece de los dieciocho magistrados que integran la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo –incluyendo los eméritos– se han dirigido por carta al presidente de ese órgano y del Consejo General del Poder Judicial (CJPJ), Carlos Lemes, para pedirle que interceda ante el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, por las manifestaciones del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, al calificar de «lamentables» las recientes excarcelaciones de Santi Arrozpide y Alberto Plazaola decretadas por la Sección Primera de la Audiencia Nacional en cumplimiento de la directiva europea sobre acumulación de condenas.

Los jueces recuerdan que el pasado mes de marzo esta sala del Supremo dictó una sentencia sobre una decisión marco de la Unión Europea, «casando una resolución de la Audiencia Nacional y posteriormente esta actuó en consecuencia y debido acatamiento de aquella sentencia».

Añaden que «dado que casos similares se encontraban sometidos a decisión jurisdiccional, se convocó pleno de esta Sala Segunda –del TS– para fijar criterio una vez promulgada la Ley Orgánica 7/2014, que incide en dicha materia».

En ese contexto, según recogen los jueces en su escrito, Fernández Díaz declaró en una entrevista a ‘La Razón’ que le parecían «lamentables desde todos los puntos de vista, también jurídicamente», y constitutivas de un «posible delito de prevaricación» las excarcelaciones. Recuerdan que en otro momento de la entrevista el ministro de Interior señaló que promovió una iniciativa legislativa para evitar «cosa tan profundamente injusta» y que, al ser interrogado sobre la reiteración de ese tipo de resoluciones, respondió que «lo que no se puede hacer es un uso alternativo del derecho y que sea tenida en cuenta solo cuando conviene en virtud de unos determinados criterios». Para terminar, Fernández Díaz dijo que resoluciones como las de la Sección Primera de la Audiencia Nacional «provocan falta de confianza en las instituciones».

Los magistrados del Supremo muestran su «desazón» por esas declaraciones e instan al presidente del TS y a su vez del Poder Judicial que «si considera que las mismas no son adecuadas ni guardan el debido respeto a este tribunal, lo haga saber» a Mariano Rajoy, «recabando de este la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos».

El escrito ha sido suscrito por los miembros de la Sala de lo Penal del Supremo a excepción de su presidente, Manuel Marchena, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados.

Los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo acordaron el martes aplazar su decisión sobre la acumulación de condenas y sobre si asumen la normativa comunitaria como mínimo hasta el 13 de enero, tras un día entero de reunión.