No hubo sorpresas. El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avaló ayer un dictamen favorable a la reapertura condicionada de Garoña. Lo hizo con el voto de cuatro de los cinco consejeros, incluido el de la vicepresidenta, Rosario Velasco, propuesta por el PSOE.

El presidente del CSN, Fernando Martí, indicó que el pleno ha aprobado que Garoña pueda operar hasta 2031, aunque los plazos de autorización los tendrá que fijar el Gobierno español. «Es el Ministerio de Energía quien tendrá que tomar la decisión de permitirle operar y por cuánto tiempo», explicó antes de insistir en que el pleno se ha limitado a ratificar «lo que han dicho los técnicos».

El director técnico de seguridad del regulador, Antonio Munuera, explicó que ocho de las diez condiciones recogidas en el dictamen están relacionadas con las modificaciones en diseño exigidas tras el accidente de Fukushima, central japonesa gemela de Garoña. Se añaden dos condiciones específicas, relacionadas con el aislamiento de la contención primaria y la protección de equipos frente a la caída del techo de la turbina a consecuencia de un incendio.

Pese a que estas mejoras están «prácticamente finalizadas», existen otros requerimientos que podrían demorarse «al menos doce meses». Todos los trabajos, cuyo coste oscilaría en torno a 200 millones de euros según diversas fuentes, deberán ejecutarse antes de la carga del combustible, algo que solamente ocurrirá si el Ejecutivo autoriza la prórroga y Nuclenor decide reabrir.

Según informó la agencia Europa Press citando fuentes del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, Madrid estudiará «con tiempo» el informe del CSN y abrirá un diálogo con las comunidades autónomas afectadas, con las organizaciones ecologistas y con las empresas eléctricas. Las conversaciones pueden durar medio año.

Respuesta de la oposición

La decisión del CSN despertó el malestar de los grupos de la oposición, contrarios a la reapertura. El PSOE, que no quiso cerrar la planta durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que el informe del regulador es «una autentica infamia» y acusó al PP de «hacer un traje a medida de las eléctricas». «No se puede jugar con la energía nuclear, la seguridad y el futuro de miles de familias de la zona», destacó la diputada Esther Peña, que reclamó una plan de reactivación económica para la zona norte de Burgos.

En el mismo sentido se pronunció el diputado de Unidos Podemos Juantxo López de Uralde, que impulsará una proposición de ley para cerrar Garoña si el PP decide prorrogar su vida útil. «El hecho de que la central no haya realizado las modificaciones de diseño requeridas es motivo suficiente para que el dictamen fuera negativo, pero una vez más el CSN acomoda la legalidad a los intereses de las nucleares», señaló el líder de Equo. Advirtió de que las empresas están utilizando esta planta «de ariete para abrir la puerta al alargamiento de la vida de las nucleares».

Incluso Ciudadanos, socio preferente del PP, criticó la decisión del CSN. «Por un criterio de seguridad nacional, le pedimos al ministro Nadal que no avale la apertura y no dé el visto bueno al informe», requirió la portavoz de Energía de la formación naranja, Melisa Rodríguez, que al igual que López de Uralde alertó de que la decisión sobre Garoña marca un precedente para la prolongación de la vida útil de otras centrales, como Almaraz, abierta en 1981.

Los partidos vascos también censuraron la decisión del CSN, que a juicio del PNV es «un ataque a Álava y una amenaza inasumible para sus habitantes». Juan Carlos Ramírez-Escudero, parlamentario en la Cámara de Gasteiz, recordó que la postura del PNV «es muy clara. Exigimos el cierre inmediato y sin condiciones de Garoña y pedimos que se nos tenga en cuenta, que se nos escuche y que se vele por los intereses de todos cuantos vivimos alrededor».

Desde EH Bildu, Mikel Otero apostó por «hacer presión conjunta para que esta barbaridad no se lleve adelante, porque nuestra seguridad está en peligro». «Tenemos que arrimar el hombro por encima de siglas, con visión de país, porque este tema nos afecta como país y reclama una respuesta. Garoña se ha convertido en una cuestión prioritaria de país que merece una respuesta conjunta desde la calles y desde las instituciones», añadió el parlamentario.

Ecologistas y sindicatos

A las críticas de las formaciones políticas se sumaron las de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, indicó que «Garoña no puede cargar combustible ni producir electricidad, y sin embargo el CSN se atreve a dar un informe favorable, aun teniendo sobradas razones para no hacerlo, porque Nuclenor no ha hecho su parte».

En este sentido, Paco Castejón, de Ecologistas en Acción, hizo hincapié en que Nuclenor tienen que cambiar cientos de kilómetros de cable para volver a operar. Además, debería construir una torre de refrigeración, tal como solicita la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Garoñaren Kontrako Foroa citó otras de las mejoras que debería acometer la empresa, como son el nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de los cables eléctricos, la protección contra caída del techos del edificio de la turbina y el aislamiento de la contención primaria. Sin olvidar la mejora de la ventilación de emergencia en el edificio de contención.

Por su parte, el sindicato ELA instó a las instituciones de la CAV a exigir a Iberdrola, copropietaria de Nuclenor, que no reabra la central, que está a 40 kilómetros de Gasteiz. Y LAB recordó que «si hubiera un accidente, miles personas de Euskal Herria moriríamos, y amplias zonas de Bizkaia y Araba serán inhabitables».

CCOO reclamó que se reactive el plan de dinamización del Valle de Tobalina, aprobado en 2009 e interrumpido por el PP en 2012. «La incertidumbre provocada por la posible reapertura está paralizando las posibilidades de reactivar el plan de dinamización económico para la zona de influencia de la central», lamentó el sindicato.

Partidarios de la prórroga

Pero no todo el mundo está en contra de la decisión del CSN. La Junta de Castilla y León, en manos del PP, saludó el dictamen y apostó por reabrir la central. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, habló de la «eficiencia» de la energía nuclear, que ve como una energía «barata» de producir, obviando costes enormes como la gestión de los residuos.

El presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, Antonio Cornadó, también citó las supuestas bondades de la energía nuclear, que, según indicó, evita la emisión de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono y da trabajo a 27.500 personas en el Estado.

Entre ellas Pedro San Millán, presidente del Comité de Empresa de Garoña, que reconoció que la central es la «más vieja de España», pero recordó que, en otros lugares del mundo, existen antecedentes de plantas nucleares que «pueden alargar su vida hasta 60 años mínimo».

Falta por saber que hará Nuclenor, que quiere estudiar el dictamen del CSN antes de tomar una decisión sobre «el escenario definitivo». El año pasado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, comunicó a los sindicatos su intención de cerrar Garoña porque «no es rentable». Tal vez Endesa e Iberdrola, propietarias de Nuclenor, hayan cambiado de opinión.

 

La central nuclear más vieja y más polémica de la península

Garoña está situada a 40 kilómetros de Gasteiz y es conocida como la central de las mil y una grietas. Es la planta nuclear más pequeña, más vieja y más polémica de la península. Una infraestructura que abrió sus puertas en 1971 y que en 2009 renovó su licencia de explotación hasta el 6 de julio de 2013. El PSOE le pasó la «patata caliente» al PP, que en 2012 modificó el decreto de clausura y concedió a Nuclenor, empresa participada al 50% por Endesa e Iberdrola, la posibilidad de solicitar una nUeva prórroga hasta el año 2019.

La oferta del PP no obtuvo respuesta. La propietaria de Garoña decidió no presentar la solicitud de prórroga por «motivos económicos». Es más, a finales de 2012, Nuclenor cesó la actividad para evitar el pago de los nuevos impuestos sobre el combustible nuclear. Pero el cierre no fue definitivo. En 2013 cambió de opinión y pidió a Madrid la revocación de la orden ministerial que fijaba el fin de su licencia de explotación.

El PP atendió la petición y aprobó un real decreto que permite que una central pueda solicitar una nueva licencia de explotación si el cierre se ha debido a razones económicas. Así, en mayo de 2014 Nuclenor pidió la renovación del permiso hasta el 2031, una solicitud que debÍA ser amparada por el Consejo de Seguridad Nuclear, que ha tardado casi tres años en dar una respuesta. Entre medias ha habido dos procesos electorales, y el PP ha perdido su mayoría absoluta. Ahora deberá decidir sI prórroga o no la vida útil de Garoña.I.S.