El Parlamento de Gasteiz instó ayer al Gobierno autonómico a «revisar, mejorar y renovar» los protocolos contra desahucios para asegurar la detección temprana de los casos de vulnerabilidad, garantizar la intervención rápida de los Servicios Sociales de Base, y facilitar la búsqueda de alternativas habitacionales, de acuerdo con lo establecido en el Dictamen de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

Esta petición está recogida en una enmienda transaccional firmada por PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE. En el texto se solicita al Ejecutivo de Iñigo Urkullu que refuerce las políticas de acceso preferente a la vivienda en situaciones de emergencia habitacional. Y que establezca una línea de trabajo y comunicación con colectivos y asociaciones que luchan contra los desahucios, «en término similares de colaboración a los que se mantiene en el protocolo antidesahucios del parque público de vivienda en alquiler que gestiona Alokabide».

Stop Desahucios

Stop Desahucios Euskadi advirtió de que la iniciativa, impulsada por Stop Desahucios y presentada en el Parlamento por EH Bildu y Elkarrekin Podemos, será «papel mojado si no hay voluntad de ponerla en práctica».

Reclamó a Lakua que haga efectivo el derecho subjetivo a una vivienda porque «es un derecho fundamental que no puede, bajo ningún concepto, ser sustituido por una prestación económica de 250 euros». «Es una cuantía ridícula en una comunidad con las rentas de alquiler más caras del Estado», destacó.