En dos días se reunirá el Consejo Vasco de Finanzas para cerrar las cuentas del año 2017. Por primera vez en mucho tiempo la recaudación fiscal superará las previsiones de comienzo de año. Fue precisamente la buena marcha de los ingresos fiscales y las presiones del lobby empresarial lo que dejó finalmente en nada la tantas veces anunciada reforma fiscal que se aprobó a final de año.

Otro capítulo que también se reflejará en el cierre de las cuentas es el acuerdo con el Estado sobre las leyes quinquenales del Cupo pendientes. Este pacto ha permitido liquidar el capítulo de las discrepancias entre ambas administraciones que se arrastraba desde el año 2007 y contabilizar los saldos pendientes. Un cambio de entidad a considerar en las cuentas del año 2017.

La evolución de los ingresos públicos a medio plazo deja, sin embargo, un panorama bastante más preocupante. Considerando los últimos diez años, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica hasta 2016, el último año con datos completos, nos encontramos con cambios profundos en la recaudación por impuestos.

En estos 10 años el peso de la recaudación sobre el total de la riqueza creada ha caído aproximadamente 2 puntos. Es decir, en 2016 se recaudaron unos 800 millones menos que en 2007, aunque en ese mismo periodo la riqueza ha crecido en más de 3.000 millones en la CAV. Se recauda una parte menor de la riqueza social. Un cambio que condiciona directamente las políticas públicas destinadas a atender unas necesidades sociales en aumento, precisamente, como consecuencia de la prolongada crisis económica.

Una menor recaudación sobre el PIB significa que la capacidad de la administración pública para redistribuir la riqueza es más limitada ahora que antes de la crisis. Se reduce, por tanto, el peso de lo público y también su capacidad para responder a las necesidades sociales y para crear empleo público.

Presión a las rentas de trabajo

Se ha reducido el valor, pero también ha cambiado la estructura de la recaudación. Los impuestos directos, es decir, aquellos que se pagan en función de los ingresos o de la riqueza y que, por tanto, más contribuyen a la redistribución de la riqueza, aportan ahora un punto porcentual menos a las cuentas públicas, alrededor del 500 millones de euros menos. Los impuestos indirectos, por el contrario, gravan la circulación de la riqueza, el consumo o las transmisiones de bienes y, por tanto, no discriminan según la riqueza del contribuyente; todo el mundo los paga igual. Su peso ha aumentado prácticamente en un punto y contribuyen con 700 millones más al presupuesto.

Entre los impuestos directos llama poderosamente la atención que el IRPF haya subido casi 7 puntos y casi 600 millones mientras el Impuesto sobre Sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios haya caído a la mitad y se recauden nada más y nada menos que 1.000 millones menos. Es decir, mientras que lo que se recauda fundamentalmente de las nóminas de los trabajadores ha crecido en 7 puntos, lo que paga las empresas se ha reducido a la mitad.

En los indirectos el principal cambio se observa en la recaudación por IVA que pasa del 35% del total al 38%. Las sucesivas subidas de tipos, primero del Gobierno de Zapatero en 2010 y después de M. Rajoy en 2012 están de detrás de este crecimiento en la recaudación.