Carles Puigdemont considera que el proceso a los líderes independentistas es una «prueba de estrés para la democracia española» y para su sistema judicial. En rueda de prensa en Berlín, el president declaró que este juicio no tendría que celebrarse porque «no hay razones jurídicas, no hay pruebas y no hay crimen», y confió en que el Estado español rectifique y absuelva a todos los encausados. «Durante el juicio se desenmascararán muchas de las construcciones que nos han llevado hasta aquí. No olvidemos que la única acusación particular es la de un partido de ultraderecha franquista, Vox, lo que demuestra que es un juicio político», expuso ante numerosos periodistas.

El mandatario catalán, que lleva exiliado desde hace más de un año, opinó que los acusados están dando ejemplo y defienden a los 2,3 millones de catalanes que votaron en el 1-O, fueran o no independentistas. En este sentido, destacó que todas las encuestas evidencian que hay «una mayoría incontestable» que quiere decidir en referéndum el futuro de Catalunya.

«Para nosotros poner urnas no es ninguna rebelión, ni para el Código Penal español», apuntó, destacando que no hubo violencia ni armas en los hechos que se están juzgando. A su juicio, los pueblos que quieren prevenir los conflictos merecen ser escuchados, y si el Gobierno español insiste en su negativa a permitir votar en referéndum, auguró que persistirán en «una lucha pacífica por el derecho a la autodeterminación».

Bruselas, Londres, Edimburgo

El inicio del juicio también tuvo eco en la escena internacional, con posiciones críticas con el Estado español, como la mostrada por ejemplo por una quincena de eurodiputados integrantes de la Plataforma de Diálogo UE-Catalunya, que en rueda de prensa y a través de una carta pública remitida a varios medios señalan que este proceso «tiene una clara dimensión política» y que «no es un asunto interno español». Estos integrantes del Parlamento Europeo exigen que se abandone la criminalización y se apueste por el diálogo para alcanzar una solución, destacando que la ciudadanía de Catalunya «tiene el derecho legítimo de decidir su futuro». Bruselas fue además escenario de una nutrida concentración de solidaridad con los doce independentistas juzgados. Entre los asistentes se hallaban los consejeros exiliados Lluís Puig, Meritxell Serret y Toni Comín

También hubo muestras de solidaridad en otros países, como la protagonizada por 25 diputados británicos que hicieron pública una moción presentada en la Cámara de los Comunes en la que piden al Ejecutivo de Theresa May que muestre su oposición a un procedimiento que «no deja a la democracia española en buen lugar». Algunos de ellos llevaron a cabo una concentración en Westminster.

Contundente fue también la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, quien mostró su preocupación por la celebración del juicio. En un mensaje en Twitter, afirmó que este tipo de procedimientos judiciales que implican «a políticos electos» deben «preocupar a todos los demócratas». «El futuro de Catalunya debe decidirse en las urnas, no en los tribunales. Hoy le envío mis mejores deseos al presidente de Catalunya y a los que se enfrentan al juicio. Esperemos que el proceso pueda demostrarse justo», manifestó.