En términos horizontales, toda propiedad es un robo. Dicho así, de manera simple, adquiere todavía más valor la idea de que hace millones de años, unos cuantos antepasados decidieron a fuerza de dar golpes a los demás, hacerse dueños de una cueva, de un huerto. Empezó la agricultura de manera casual, la ganadería tardó más tiempo en ser fruto de metodologías primarias para la reproducción, y de esos actos remotos, hasta los grandes latifundios actuales, esos edificios que cortan el aire y la luz, esa obsesión por la propiedad privada que nos lleva a estar siempre en disposición de valorar más la seguridad que la libertad.

Lo de la jerarquía eclesiástica española robando edificios, monumentos, terrenos, y cualquier otra cosa que esté en el catastro es una escandalera mayúscula. Las inmatriculaciones son fruto de una organización mafiosa que va robando a feligreses, a pueblos enteros sus pertenencias, recibe los legados sin testamentar de los fallecidos y los registra a nombre de la Iglesia con la complicidad de leguleyos, políticos y registradores de la propiedad, ese oficio de revelaciones marianas que es la prolongación autorizada del latrocinio estructural. Su firma convierte lo robado en santo.

Las leyes escuetas, filantrópicas para los malos, se aprueban en los parlamentos sin apenas estridencias. Aparecen en los boletines y empiezan a pervertir la convivencia. La Iglesia española recibió un regalo del PP hace unas décadas. Ahora intenta abaratar su penitencia, dejar más constreñido su pecado de latrocinio, y de repente confiesa que tiene unos mil edificios que no le pertenecen. Mienten. Son diez o veinte veces más el botín de los últimos años. Pero al Gobierno le entra respeto reverencial al enfrentarse a los ladrones purpurados, a los abusadores con birrete, y tragan haciendo ver que es un gran logro.