La vivienda es una preocupación creciente para la sociedad vasca. Tener acceso a un hogar desde el que poder construir un proyecto de vida es cada vez más difícil para amplias capas de la sociedad y por eso tiene una prioridad muy alta para la ciudadanía de Araba, Bizkaia y, especialmente, Gipuzkoa. Así lo refleja el último EiTB Focus, donde la vivienda aparece como segunda prioridad, con un 8'43 sobre 10, solo por detrás de Osakidetza. Ese problema es especialmente acuciante para toda la juventud vasca, para las personas migrantes que trabajan en servicios y cuidados, y para los sectores más vulnerables.

La emergencia habitacional es un fenómeno extendido en el contexto europeo. Una crisis que en Euskal Herria en ese mismo periodo ha beneficiado a los rentistas y a los bancos, ha enriquecido a las grandes constructoras que han tenido «ingresos récord», ha supuesto un trasvase de rentas de las familias y administraciones a empresas gracias a programas y ayudas poco eficientes, ha expandido sin control los pisos turísticos y ha ampliado el negocio inmobiliario con la recalificación y el desarrollo de residencias privadas para personas mayores y estudiantes.

Es decir, crisis sí, pero solo para una de las partes. El esquema público-privado ha promovido una rentabilidad y una acumulación de riqueza obscenas.

ERRENTERIA ESTABLECE PRINCIPIOS Y MEDIDAS

El modelo socioeconómico y la gentrificación de las ciudades está expulsando a miles de personas a barrios periféricos y a pueblos de las áreas metropolitanas, generando un encarecimiento de los pisos, un desplazamiento poblacional con impacto en otras políticas públicas y un aumento de las desigualdades.

En esta situación está todo el entorno de Donostia y, en particular, Errenteria, que recoge el mayor número de jóvenes que tienen que abandonar la capital en busca de un lugar en el que vivir. Esta semana ha recibido la calificación de zona tensionada contemplada en la Ley de Vivienda estatal, siendo el primer municipio de Hego Euskal Herria en lograrlo.

Errenteria cumple los dos requisitos de esa norma: que los alquileres hayan subido en los últimos cinco años por encima del IPC acumulado y que las familias destinen más de un 30% de sus ingresos a la vivienda. La emergencia habitacional es evidente y poder topar los alquileres será positivo.

Su alcaldesa, Aizpea Otaegi, ha dedicado todos su esfuerzos a explicar de forma clara y pedagógica en qué consiste este paso, sus virtudes y sus límites, y cómo este problema demanda un enfoque integral y cooperativo que va más allá de esta declaración. Para empezar, es importante que todo el área metropolitana de Donostia se implique en esta prioridad social.

El Ayuntamiento de Errenteria ha establecido un plan de tres años que contempla desde la construcción de vivienda hasta recargos al IBI de viviendas vacías, pasando por cambios de usos, ayudas a la emancipación y proyectos experimentales que ya se han puesto en marcha en esta y en otras localidades.

En Euskal Herria el municipalismo es un instrumento de transformación social muy potente que está ofreciendo colaboración al resto de instituciones y empresas. Con las leyes vasca y estatal hay base suficiente para hacer políticas eficaces con las que todo el mundo gane. Hacen falta realismo y voluntad.

Ante esta emergencia, es urgente establecer una política pública basada en la idea de que hay que poner la vivienda al resguardo de la especulación y de la usura. Hay que revertir el dogma neoliberal de que todo bien es ante todo una mercancía sujeta al mercado. Las casas deben servir para que toda la ciudadanía pueda construir proyectos de vida y generar así riqueza, no para financiar un modelo socioeconómico insostenible que solo beneficia a una minoría.