Se ha cumplido este año el 51 aniversario de la declaración del 10 de diciembre, por parte de Naciones Unidas, del Día Internacional de los Derechos Humanos. Una fecha que ha adquirido centralidad en Euskal Herria. Desde el Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia queremos aportar con esta ocasión algunos elementos de reflexión. Un día en el que podemos afirmar que, en el campo de los derechos de las víctimas de tortura, han sido muy reseñables los avances que se han venido dando. Desde el anuncio de la organización ETA de abandonar la actividad violenta, se ha dado también una paulatina desaparición de la práctica de la detención incomunicada y, con ella, de la propia tortura en el ámbito de los operativos policiales en aplicación de la Ley Antiterrorista. Se constata, entonces, que la tortura fue una práctica íntimamente vinculada a estas medidas y políticas.

Los primeros pasos en el sentido del reconocimiento a estas víctimas fueron dados de la mano del Instituto Vasco de Criminología, con un informe que constataba, avalado por la práctica del Protocolo de Estambul, que 4.311 personas en la Comunidad Autónoma Vasca y otras 1.068 en la Comunidad Foral de Navarra habían sido sometidas a tortura en el periodo de tiempo comprendido entre 1960 y 2014. Demostrativo, sin duda, de la dimensión de esta práctica ateniéndonos al total de nuestra población. Números que llamaron la atención del CAT (Committee Against Torture) en su último examen al Reino de España llevado a cabo en la sede de la ONU en Ginebra el pasado julio de 2023. El Comité solicitó entonces al Gobierno español que estos casos fueran investigados, pero a día de hoy no se han dado pasos en este sentido. También la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos establece ya una sistemática inactividad investigatoria en los casos de tortura bajo incomunicación antiterrorista.

Si bien llama la atención la absoluta inacción del Estado español en este tema, siendo como es, además, el principal perpetrador, las instituciones vascas y navarras han aprobado en los últimos años la Ley vasca 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre los años 1978 y 1999 y la Ley navarra 16/2019, de 26 de marzo, de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por Actos de Motivación Política provocados por Grupos de Extrema Derecha o Funcionarios Públicos, y ya se están dando los primeros reconocimientos, 461 en total a día de hoy.

Los últimos 93 reconocimientos acaban de darse por parte de la comisión vasca este pasado octubre con víctimas de tipología variada: torturados, muertos por la Guardia Civil o la Policía Nacional española, asesinados o gravemente heridos por los GAL, el Batallón Vasco Español u otros grupos parapoliciales. Casos como el de José María Larretxea Goñi, que sufrió un intento de secuestro y lesiones graves en 1983. Su secuestro fue ordenado por el exministro español, José Barrionuevo, algo que él mismo reconoció en una entrevista concedida al diario “El País”. O Gurutze Iantzi, muerta en la Comisaría de la Guardia Civil al de pocas horas de ser detenida e incomunicada y cuya explicación oficial fue la de «muerte natural».

Las víctimas van logrando reconocimiento, pero no podemos sin embargo reivindicar el derecho que tienen a saber la verdad. El derecho a la verdad que ampara no solo a la víctima sino a falta de investigación acompañada a menudo de legitimación y glorificación de gravísimas vulneraciones de derechos humanos atribuibles al Estado.

La sociedad en su conjunto. ¿Dónde están los victimarios? ¿Dónde los autores materiales? ¿Dónde los responsables últimos? Las víctimas no tienen forma de perseguir a sus perpetradores, que permanecen impunes, cuando no premiados o promocionados.

Pero es que, además, la detención bajo régimen de incomunicación que ha sido demostrada como premisa necesaria para que la tortura sea posible sigue vigente, ya que el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal español, que la regula, no ha sido derogado.

Los avances están ahí, pero es necesario acabar con los falsos relatos que justificaron y legitimaron los crímenes contra las víctimas de la violencia del Estado, acabar con las versiones oficiales escudadas en informes y expedientes que a día de hoy continúan secretos y que deben ver la luz. Debe trabajarse para que esta dinámica de reconocimientos no quede estanca y sea actualizada y adaptada y, tal y como la misma Comisión de Valoración solicita, abrir un nuevo plazo de solicitudes de reconocimientos, incluyendo también los casos de violencia ocurridos a partir del año 1999.

Giza Eskubideen Behatokia nace con esa visión de servir de «fiscalía social» para acompañar a las víctimas del Estado desde la premisa del derecho de todas las víctimas a la verdad, la reparación y también a la justicia.