El Ayuntamiento de Bilbo ha elevado al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de Lakua la solicitud para la declaración de toda la ciudad como zona tensionada. Lo ha hecho después de que el análisis del diagnóstico sobre el impacto del coste de la vivienda en las rentas de la población de la villa reflejase que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, superan el 30%.

Este es uno de los dos criterios que marca la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. El segundo, que también se da, sería que los precios de la vivienda en la zona hayan crecido un 3% más que el IPC registrado en la comunidad autó- noma de referencia en los cinco años anteriores. Pero con cumplir uno ya es suficiente.

Tal y como señaló ayer el Consistorio, el «escenario que dibuja el diagnóstico muestra que las condiciones del mercado actual en el municipio generan dificultades a las unidades familiares para acceder a una vivienda». «Estas dificultades tienen su origen en una variedad de factores, entre los que destacan los altos precios de los alquileres o la baja disponibilidad de viviendas vacías», precisó.

PROCESO DE APROBACIÓN

Tras este primer paso, una vez definido el contenido del expediente, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana deberá dictar una orden de incoación del procedimiento que se hará pública en Boletín Oficial del País Vasco (BOPV).

A partir de ese momento, habrá veinte días hábiles para la presentación de alegaciones, que serán evaluadas para proceder a la resolución que permitirá la aprobación definitiva de declaración de la capital vizcaina zona residencial tensionada. El último tramité será el traslado de esta decisión al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para su publicación en el BOE.

La solicitud para que se declare Bilbo como zona residencial tensionada se acompaña de un plan de acción específico «que dará respuesta a las principales necesidades y desafíos identificados».

Se trata de un conjunto de cuarenta acciones articuladas en cinco ejes estratégicos creadas, según señaló el Consistorio bilbaino, para «corregir los desequilibrios detectados en el diagnóstico, con el propósito final de mejorar el acceso a la vivienda de la población de Bilbao, tratando de garantizar el Derecho Subjetivo a la Vivienda».

Este Plan de Acción recoge acciones para el próximo trienio 2025-2028, como el control de precios de alquiler y la extensión de condiciones de los contratos, un plan de incentivos de rehabilitación a grandes tenedores para la movilización de vivienda vacía, y un protocolo de asistencia a Comunidades de Propietarios para la limitación de actividades turísticas.

También buscará fomentar el alquiler asequible, creando más vivienda pública y movilizando la vivienda vacía, así como actuar sobre el parque de edificios residenciales y facilitar la regeneración urbana.

Además, se incluye el desarrollo de un sistema de prestaciones, ayudas al alquiler y protección de colectivos vulnerables, como las ayudas a la emancipación juvenil, el seguimiento y la coordinación de las ayudas al alquiler del Gobierno de Lakua o la promoción del acceso a la vivienda para colectivos preferentes.