De las reformas estructurales aprobadas hasta ahora, la del mercado laboral es, sin duda alguna, la más sonada, por la contestación que tuvo en la calle -con huelga general incluida- y por sus efectos, que más de un año después siguen minando las condiciones laborales de los trabajadores, como ha ocurrido este mes de julio con el fin de la ultractividad de los convenios laborales.

No es, sin embargo, la única reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, por cuyo Consejo de Ministros han pasado ya varias leyes y reformas que, en nombre de la crisis y la austeridad, en realidad reconfiguran la estructura del Estado español. Un ejemplo de ello es la Ley de costas, que poco tiene que ver con la crisis económica y las preocupaciones de la ciudadanía, excepto la de ciertos empresarios muy cercanos al PP, que con la nueva norma ven salvaguardados sus intereses costeros.

Varias de estas reformas que han pasado más desapercibidas conllevan, además, un claro efecto recentralizador, como es el caso de la reforma de la Administración Pública, presentada por el Gobierno en el mes de junio. Con esta reforma el Estado pretende ahorrar hasta 37.700 millones de euros en los próximos años y, de paso, adelgazar las administraciones públicas -a través de la eliminación de puestos de trabajo y la venta de inmuebles de propiedad pública- y recentralizar servicios a través de eufemismos como la ‘eliminación de las duplicidades’. El proyecto presentado por el Gobierno incluye hasta 120 propuestas para eliminar organismos y agencias autonómicas, argumentando que el Estado ya presta dichos servicios. Se trata, por ejemplo, de instancias como las agencias meteorológicas y de energía, así como las diferentes defensas del pueblo, el Ararteko entre ellas.

Siguiendo con las administraciones, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 26 de julio la polémica reforma local, cuya primera propuesta fue fuertemente criticada hasta por el Consejo de Estado. Finalmente, no se obligará a fusionar municipios, pero sí que se incentivará a hacerlo. Una nueva reforma todavía por desplegar en la que toda la oposición ve un claro intento de reducir la autonomía municipal y abrir la puerta a una mayor privatización de los servicios que ofrecen.

Las de las administraciones públicas no son las únicas reformas que sin hacer demasiado ruido empujan al Estado español hacia una mayor recentralización. El pasado 14 de junio el Consejo de Ministros dio luz verde la nueva Ley de acción exterior, con el objetivo de presentar al Estado con única voz en el extranjero, limitando las iniciativas internacionales desarrolladas desde comunidades como la CAV o Catalunya y supeditándolas a las directrices del ministerio de Exteriores español.

Algo parecido a lo que hace, internamente, la Ley de unidad de mercado, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 5 de julio. Una nueva norma que despierta las suspicacias de las autonomías, que vuelven a perder competencias en pos de la libre circulación de productos y servicios en el Estado español.