La reforma de la Administración local impulsada por el PP afecta a todos los municipios, pero sus consecuencias se dejarán notar manera más inmediata en los más endeudados. Es el caso de Andoain, donde tras tres legislaturas de Gobierno local del PSOE, en 2011 asumió la alcaldía –y el agujero de sus finanzas– Ana Carrere, de Bildu. Aunque las incertidumbres todavía son muchas, tiene claras cuáles serán las consecuencias inmediatas: «La ley lo deja muy claro, según la reforma, a los municipios con las cuentas en negativo se les quitan los servicios que ofrecen».

«Hay que tener en cuenta que son servicios básicos para la ciudadanía, como el agua, la recogida de basuras o los servicios sociales», explica Karrere, que no esconde la gravedad de la cuestión: «Todavía no sabemos concretamente qué puede pasar, pero el caso de Andoain, como el muchos otros municipios, es muy preocupante».

Andoain y Villatuerta

En el municipio navarro de Villatuerta las cuentas no están tan apuradas como en Andoain, pero al ser una localidad de poco más de un millar de habitantes, entra dentro del grupo de municipios de menos de 5.000 habitantes sobre los que se ceba la reforma. Así lo entiende su alcaldesa, María José Fernández, del PSN, que se expresa en términos parecidos a los de Carrere: «Es una ley que tiene muchas lagunas, pero lo que más nos preocupa son las competencias que nos quitan en favor de las diputaciones en el caso de las comunidades multiprovinciales y en favor de del Gobierno foral aquí».

Ambas alcaldesas coinciden también en señalar las posibles privatizaciones como uno de los mayores peligros de la reforma local. «La reforma no solo nos quita competencias, sino que abre la puerta a la privatización de los servicios que ahora damos», explica Carrere, que insiste en la gravedad de un hecho así: «Es fundamental que los servicios básicos estén bajo control público, porque nosotros no buscamos el beneficio, mientras que la empresa privada lo basa todo en dicho beneficio, esto tiene consecuencias desastrosas tanto para los trabajadores como para los ciudadanos, que tendrán unos servicios de mucha menos calidad».

En la misma línea, Fernández explica que «la reforma tiene una idea muy definida, que es la de privatizar al final los servicios que prestamos los ayuntamientos, con lo que eso significa para el ciudadano». «Es muy grave, porque hay que recordar que los municipios solo son responsables del 4% de la deuda del Estado, pero aprovechan que el Pisuerga pasa por Valladolid para quitarnos competencias y luego privatizarlas», critica.

También se mantiene el consenso en la sensación de que la reforma cambiará el mundo local conocido hasta ahora. Fernández pone un sencillo ejemplo: «El Ayuntamiento es algo cercano, cuando viene alguien con cualquier problema, tú le escuchas, lo valoras y si lo ves razonable, lo tiras adelante. Pero si ahora todas las competencias pasan al Gobierno, vete tú a la capital a ver si te hacen caso en un departamento sobre cualquier cuestión que afecte a unos vecinos de un pequeño municipio».

En el caso de la CAV, está por ver todavía cuáles son los efectos de las enmiendas del PNV admitidas por el PP a cambio de su apoyo, pero fuentes de EH Bildu se muestran escépticas, al señalar que «se mantiene el ataque contra la autonomía de los municipios» y que «las bases las pone la reforma estatal, pese a que luego las aplique el Gobierno vasco». Es por eso que Carrere prefiere no esperar: «Los municipios y los propios ciudadanos tenemos que hacer más fuerza para proteger los ayuntamientos y todos los servicios básicos que ofrecen, porque al final los perjudicados somos todos».