Mientras en el interior de la oficina de Lanbide de Alameda Mazarredo, en Bilbo, decenas de personas aguardaban a ser atendidas, integrantes de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria se concentraron en el exterior en favor de un sistema de protección social público propio y para denunciar los recortes que se avecinan con la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Gorka García, actualmente perceptor de esta ayuda, advirtió que lo que quieren PNV, PSE y PP es «cambiarla de raíz».

Este vecino de Barakaldo, de 40 años, malvive gracias a los 500 euros de la prestación por desempleo que percibe tras ocho años de trabajo precario y el complemento que recibe hasta los 620 euros mensuales. Con estos ingresos, García comparte piso con otra persona pero teme que «la mal llamada reforma de la RGI» que pretende aplicar la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, le obligue a cambiar de vida.

«Muchas de las personas que ahora tenemos estas ayudas iremos a la calle porque compartimos piso y tendremos que volver con nuestras familias, por lo que el peso sobre ellas va a ser mayor, en contra de lo que dice la consejera», explicó. Gorka García incidió en que son muchas las personas afectadas por la pretensión de establecer una única prestación por domicilio, considerando a todas las personas que habitan en la misma vivienda como miembros de la misma unidad convivencial.

Apuntó a que ello supondrá que se cobrará una ayuda y luego complementos para el resto, de modo que Lakua se «ahorrará» mucho dinero, olvidándose de los problemas que va a generar. No todas las personas que comparten un piso tienen consanguinidad o parentesco, por lo que habrá que dilucidar quién cobra la prestación. «Mucha gente tendrá que marcharse a otro sitio», aventura.

«Hay una intención manifiesta de acabar con las ayudas que se entregan a una gran parte de las personas que las solicitan», denunció García. «Será el fin de la RGI como tal. Desde el momento en el que se validen las reformas –añadió– la RGI va a ser una ayuda muy ligada a la marginalidad, y las personas que con ellas conseguíamos mantener un cierto estatus iremos a engrosar esas bolsas de marginalidad. Se acabará todo aquello para lo que nació el Ingreso Mínimo de Inserción y la RGI, ser un colchón para que las personas vuelvan a poder insertarse en el mundo laboral o no caigan en esas bolsas de marginalidad».

La Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria critica que para justificar las políticas de recortes se trata de criminalizar y estigmatizar a determinados colectivos. «Sectores sociales precarios o formas de socialización para hacer frente a la pobreza o garantizar con un mínimo de posibilidades de acceso a una vivienda digna como puede ser el compartir un domicilio», enumeran.

García conoce de primera mano esa realidad, la de personas que con 47 años, después de perder su empleo, tratan de compartir piso para reducir gastos y lo hacen con otras que sí tienen empleo. Insiste en que no hay ningún tipo de picaresca, se trata de sobrevivir. Además, indicó que al desvincularse las ayudas del salario mínimo o el Producto Interior Bruto, «que marcan la carestía de la vida», irán perdiendo poder adquisitivo camino de la pobreza, de la exclusión. «Lo que están haciendo es denunciar a las personas que recibimos la RGI como si fuéramos malhechores y usáramos constantemente la picaresca, abogando porque tengamos que estar controladas, y así seguir adelante con unas reformas que lo único que pretenden es que el Gobierno Vasco se gaste menos dinero en ayudas sociales para destinarlo a otros hechos más acordes a la gente que les rodea, como el TAV», denuncia García.