
Entre los firmantes se encuentran los sindicatos vascos LAB, ESK, ELA y Steilas, además de Intersindical CSC, COS, IAC, Intersindical Valenciana, STEI Intersindical, Confederación Intersindical, CSI, CUT, CIG e Intersindical Canaria.
«Desde la primera consulta autoorganizada en Arenys de Munt en septiembre de 2009 hasta la
convocatoria del Referéndum por parte del Parlament de Catalunya el 1 de octubre de 2017, se ha pedido formalmente 18 veces al Gobierno del Estado Español que permita un referéndum
vinculante en Catalunya y que emprenda las reformas legales necesarias para hacerlo posible. Pero el Gobierno español, y aquellos que le dan su apoyo en esta cuestión, se han negado siempre a abrir un debate real que pueda resolver este conflicto político por la vía democrática. Desde el año 2012 las movilizaciones populares han llenado las calles con más de un millón y medio de personas cada 11 de septiembre, a la consulta del 9 de noviembre de 2014 fueron a votar 2.305.290 personas el 80'76% de los cuales optaron por el Sí a que Catalunya fuera un estado independiente y las elecciones de 2015 dieron una mayoría absoluta a los diputados de los partidos independentistas», han recordado.
«El derecho a voto es un derecho fundamental para cualquier Sociedad que quiera resolver
democráticamente cualquier conflicto de forma justa y participada. El conflicto político y territorial abierto entre Catalunya y el Estado Español solo se puede resolver a través de un referéndum donde el pueblo catalán pueda decidir libremente su futuro político. Son las continuas negativas del Estado Español a iniciar un proceso que acabe con un referéndum pactado en Catalunya las que han llevado al Parlament de Catalunya a convocar de forma unilateral un referéndum de autodeterminación para este 1 de octubre de 2017», han subrayado.
«Las organizaciones abajo firmantes apoyamos firmemente la celebración del referéndum del 1 de Octubre y nos comprometemos a acatar los resultados. En ningún caso puede ser la vía de la prohibición, la represión o la judicialización la respuesta que dé el Gobierno del Estado Español a la convocatoria de este referéndum», han destacado.

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