En dos instrucciones dictadas este martes, el Ministerio Público obliga además a las policías locales, la Guardia Civil y la Policía española a colaborar con los Mossos d'Esquadra, si así se les solicita, para precintar los centros de votación.

En la instrucción dirigida a las policías locales, recuerda que existe un «depósito de material electoral propiedad de la Administración General del Estado, confiado a los ayuntamientos para el correcto desarrollo de los procesos electorales».

La Fiscalía indica a las policías municipales que deben «adoptar las medidas oportunas para impedir que el citado material sea utilizado» para celebrar la consulta de independencia.

La instrucción reproduce además la orden de precinto de los locales designados para acoger las urnas del 1-O que ayer se remitió a los Mossos d'Esquadra y precisa que se debe impedir la votación en un «radio de seguridad» de 100 metros de esos recintos.

En ese sentido, pide a las policías locales que «tomen en consideración» el contenido de esa instrucción, «en cuanto a que se le pueda requerir el auxilio y la colaboración por parte de los Mossos d'Esquadra».

Esta colaboración deberá «ser considerada como un servicio de prioridad frente a cualquier otro cometido ajeno al cumplimiento de esas tareas concretas de la policía judicial».

Por otra parte, la instrucción que el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, ha dirigido al general jefe de la zona de la Guardia Civil y al jefe superior de Policía les informa de la facultad de los Mossos de acudir a ellos en el caso de que no sea suficiente la ayuda prestada por las policías locales para precintar los centros de votación.

Todo ello sin perjuicio, añade, de que la Fiscalía «emita, en este contexto, las órdenes e instrucciones procedentes». En este sentido, pide a los jefes de ambos cuerpos que dispongan «a planificación del uso de sus reservas, así como, en función de la evolución de los acontecimientos durante el 1 de octubre, la directa intervención de las unidades bajo su mando» para incautar «urnas, equipos informáticos, papeletas y documentación o propaganda electoral».