En el auto, notificado hoy, Lamela, que asume la competencia de la Audiencia Nacional española en este caso porque «el fin de los disturbios parece ser una ruptura de la forma de Gobierno», ordena ya las primeras diligencias a la Guardia Civil y pide un «atestado que recoja todos los incidentes ocurridos esos días», principalmente ante la sede de la Conselleria de Economía.

La denuncia de la Fiscalía, suscrita por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, no va dirigida contra nadie en concreto, pero menciona expresamente a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, y al de Òmniun Cultural, Jordi Cuixart, por llamar a la movilización «conscientes de que dificultarían la intervención policial».