Apenas unas semanas después de que el Tribunal Supremo español confirmase con ligeras variaciones en las penas la sentencia de la primera época de Gürtel, el magistrado envía a juicio la última pieza de esta macrocausa que quedaba en instrucción, a excepción de una parte de los llamados ‘papeles de Bárcenas’ sobre la presunta caja B del PP, que se reabrió hace unos años y que aún continúa investigándose.

En su auto, el magistrado De la Mata impone a los procesados, entre los que se encuentra el considerado cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su segundo, Pablo Crespo, el pago de fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros –ascendiendo la suma total de las fianzas a 199 millones–, y también abre juicio contra 20 empresas como responsables civiles subsidiarios.

Se sentarán en el banquillo por hechos que podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la Hacienda pública, continuado de falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. 

En esta pieza, de la que ya fueron eximidas 28 personas por falta de indicios, se han investigado, por un lado, los delitos contra Hacienda que pudieran haber cometido Correa y Crespo al ocultar el patrimonio conseguido presuntamente de actividades ilícitas investigadas en otras piezas, y por otro, su estrategia de ocultación y blanqueo.

En relación a Correa, el magistrado cree que ha quedado acreditado que las cantidades multimillonarias que ha obtenido las percibió ocultándolas a través de una compleja estructura societaria y financiera. Nunca declaró esos fondos a Hacienda y, de hecho, no presentó ninguna declaración tributaria desde al menos 1999 ocultando todos sus ingresos y rentas.

También Crespo, según el magistrado, habría ocultado una parte del dinero que procedería de su intermediación en adjudicaciones irregulares y de inversiones realizadas con Correa y servicios prestados al mismo.

Lo hizo, según el auto, a través de estructuras financieras y societarias en el Estado español y en el extranjero; ocultando sus ingresos cobrándolos en efectivo o como ingresos de su sociedad y encubriendo sus gastos como servicios recibidos por algunas de las empresas que gestionaba.

Con ellos serán juzgados sus asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco Balín (ya condenados en otras ramas de Gürtel), así como empresarios y supuestos testaferros que habrían participado en la operativa para eludir pagos al fisco y ocultar los recursos económicos de los investigados.

El magistrado considera que De Miguel y Balín deben ser imputados como cooperadores necesarios en las defraudaciones tributarias imputadas a Correa y Crespo a la vista de la posición que han desempeñado en el diseño y desarrollo de las estructuras societarias, con un papel, dice el juez, {absolutamente relevante en el diseño de la defraudación».

«Eran asesores en materia de planificación fiscal y expertos en la creación de sociedades pantalla con finalidad de opacidad fiscal», dice el magistrado, y añade que ambos sabían que los entramados que crearon "solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública».

Para el juez, «lo relevante no es que colaboraran con Correa y Crespo en la creación de la maraña societaria, sino que existen elementos que permiten afirmar indiciariamente (siempre a los efectos limitados de esta resolución), que estamos ante entramados diseñados específicamente desde su misma concepción con la sola finalidad de defraudar el pago de impuestos».