Unai Romano fue detenido por la Guardia Civil el 6 de setiembre de 2001, hace este lunes 20 años, bajo la acusación de «colaboración con banda armada». A ello le siguieron varios días de incomunicación. Bajo aquel regimen, los interrogatorios por parte de agentes de la Guardia Civil fueron constantes, siempre acompañados, tal y como relató el propio gasteiztarra, de golpes en la cabeza con palos forrados, la conocida técnica de tortura de «la bolsa», electrodos en los genitales, ejercicio físico o amenazas con acabar «como el Lasa ese» o incluso con la detención y muerte de su madre.

Romano denunció las torturas ante la forense de la comisaría. Al ver su estado, con la cara y la cabeza completamente hinchada, fue trasladado a un hospital. Allí le diagnosticaron un edema. También denunció los malos tratos sufridos ante el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco que, según contó el propio Romano, hizo caso omiso de sus palabras. «Le comento las torturas y malos tratos que he sufrido y empiezo a contárselas. Al cabo de medio minuto, me interrumpe diciéndome que lleva muchos años trabajando con la Guardia Civil y que mucha gente dice sufrir las torturas y que no me cree. Dice también que, además, al no haber declaración policial, que ése no es el sitio indicado para denunciarlo, y que vaya al Juzgado para poner una denuncia».

La denuncia realizada posteriormente fue archivada definitivamente en 2006. En aquel caso la juez argumentó que no apreció indicios de malos tratos en comisaría y avaló la teoría policial de la «autolesión» como origen de las lesiones tras el arresto o la posibilidad de que se hubiese golpeado con una puerta. Y es que de los más de 5.000 casos censados de tortura en Hego Euskal Herria, tan solo ha habido 20 sentencias condenatorias firmes, todas de hechos entre 1979 y 1992, ninguna posterior en el Estado español. Resultó significativo el caso de Igor Portu y Mattin Sarasola (2008), condenado en Gipuzkoa, absuelto luego por el Tribunal Supremo y calificado finalmente como «trato inhumano» por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para explicar todo esto, el estudio del Instituto Vasco de Criminología destaca que desde finales del siglo anterior se fueron imponiendo formas de tortura que no dejaban marcas, como la «asfixia seca» («la bolsa»). En cualquier caso, resulta notorio que cuando sí se han dejado huellas (el caso de Unai Romano es el más conocido aunque no el único) tampoco se ha llegado a lograr condenas, lo que revela un blindaje absoluto para garantizar la impunidad.

Si bien no ha habido condenas estatales en los últimos 24 años, desde 2010 hasta hoy sí se han producido más de una decena de sentencias del Tribunal de Estrasburgo contra el Estado español por no investigar torturas, la mayoría de ellas a ciudadanos vascos, lo que indirectamente delata el sistema de blindaje de la impunidad.

Sin embargo, el caso de Romano sí supuso un punto de inflexión para gran parte de la sociedad civil y política, que se encontró de frente con una realidad, hasta ese momento, ocultada. El caso, de esta forma, escapó, al menos, a ese blindaje mediático. GARA llevó a su primera página en octubre la imagen que acompaña esta noticia, así como posteriormente el testimonio íntegro del joven gasteiztarra. La práctica de la tortura, invisibilizado en muchas ocasiones, resultó imposible de ocultar esta vez. Esa fue la diferencia real entre este y los otros 5.656 casos ya documentados de tortura en las últimas seis décadas.

El caso, en las redes

Hoy, 20 años después, el caso de Unai Romano ha vuelto a la actualidad gracias al eco de las redes sociales. La diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha recordado, además, que no fue precisamente un caso «aislado».

Imaginad la conciencia de impunidad total del sistema que le fotografiaron así para la ficha del Centro Penitenciario de Soto del Real. Pensad también que para llegar allí pasó antes ante juez, forenses, GC, funcionarios… y nadie vio nada. No fue caso aislado. Ni 1978. Era 2001 https://t.co/AMPT9ODsQx

— Mertxe Aizpurua (@MertxeAizpurua) September 6, 2021

Sortu también ha querido recordar el caso de Romano, insistiendo en que son 5.657 las denuncias de torturas recogidas hasta la fecha.

Unai Romano #5657torturatu|en aurpegi bilakatu da. Baina, ez da kasu isolatu bat. Euskal Herrian izan diren milaka kasuren adibide bat gehiago da.

Torturatuek aitortzarik eta erreparaziorik gabe jarraitzen dute, eta tortura ahalbidetu duten aparatuek bere horretan dihardute. https://t.co/pXiuVgEMxi pic.twitter.com/99MikJBWuk

— SORTU #LehenikHerria #PrimeroLaGente (@sortuEH) September 6, 2021

A la impunidad judicial de los casos tortura, se le ha añadido la denuncia al papel jugado por los medios de comunicación o formaciones como el PNV.

Por cierto, a la rueda de prensa que se dió para denunciar las brutales torturas que sufrió #unairomano solo acudieron 2 medios de comunicación.
Si en vez de la cara de Unai deformada se llega a denunciar pintadas en un batzoki, no queda sitio en la sala.

— @ErreHarria #ANkerkeriariSTOP (@Erreharria1) September 6, 2021

Tal día como hoy de 2001 detuvieron a Unai Romano. La entonces concejala del PNV en Gasteiz Beatriz Artolazabal votó contra la moción de denuncia presentada por las víctimas de aquella razzia. Este 20 aniversario le ha pillado dando lecciones de #Memoria y convivencia en Gogora. pic.twitter.com/QUpTPJlhoA

— Lander  ✊ (@Landerlandia) September 6, 2021

El impacto de esta foto ha traspasado en numerosas ocasiones las fronteras de Euskal Herria. El 14 de febrero de 2020, con motivo del Día contra la Tortura, el president catalán en el exilio Carles Puigdemont se hizo eco de la historia, narrada en Twitter por el periodista vasco Igor Goikolea, multiplicando el alcance de la imagen. Gabriel Rufián, por su parte, llevó la fotografía y el testimonio de Romano al Congreso de los Diputados. Hoy también han sido numerosas las voces del Estado que se han hecho eco de lo narrado por el gasteiztarra y, sobre todo, de aquella icónica imagen tomada hace dos décadas.

Esta fotografía vasca ha sido utilizada incluso con otros fines. Conocido fue el caso en el que la oposición venezolana publicó la foto de con el fin de denunciar interrogatorios ilegales y torturas por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.