El pasado 7 de mayo, la Ertzaintza cargó con dureza contra movilizaciones convocadas por Ernai por la «situación de emergencia» que vive la juventud y en demanda de un cambio social y soberanía. Tras la intervención policial, hubo sesenta heridos y, de los ocho detenidos, cuatro requirieron asistencia sanitaria. En protesta por ello, Ernai inició una campaña en las redes sociales, colocó carteles y realizó pintadas en varios batzokis.

El Departamento de Seguridad, por su parte, contraatacó acusando a Ernai de un posible delito de odio a través de entrevistas en los medios del consejero Josu Erkoreka y de intervenciones en el Parlamento, donde elevó sus acusaciones también contra EH Bildu. Pero fue también más allá y llevó su denuncia a la Fiscalía, como en su momento adelantó este medio.

Esta denuncia también tuvo su publicidad mediática. Por contra, el Departamento de Seguridad no dijo nada cuando el 16 de agosto de 2021 cuando la Fiscalía archivó la causa, que por tanto ni siquiera llegó a los tribunales. De hecho, cuando ocho meses después, en enero de este año, NAIZ preguntó sobre el desarrollo de aquella denuncia, fuentes oficiales de la Consejería dijeron no saber nada de ella. Fue la Fiscalía quien confirmó el archivo.

Ahora, a través de una solicitud de información registrada por el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga al consejero Erkoreka, se ha podido conocer que a pesar del archivo de la Fiscalía, la Ertzaintza mantiene abiertas las diligencias y la investigación contra Ernai por ese presunto delito de odio, aunque no ofrece más explicaciones del porqué de ese empecinamiento.

Centrados en Twitter

Aunque inicialmente el Departamento de Seguridad dijo denunciar también pintadas y carteles, y así se nos informó directamente, en la respuesta parlamentaria se afirma que las diligencias 163A2100038 se abrieron por los mensajes emitidos el 8 de mayo de 2021 a través de la cuenta @ErnaiGasteiz de la red social Twitter «al entender que podrían estar en las puertas de un Delito de Odio del artículo 510 del Código Penal».

El 8 de junio, la Fiscalía Provincial de Araba solicitó a la Ertzaintza «un informe pericial de inteligencia, en el que se aportaran datos relativos a la titularidad, creación, publicaciones y cualquier otro dato relativo al perfil de Twitter empleado».

La Policía autonómica respondió el 22 de junio, proporcionando la fecha de creación de la cuenta, también sus seguidores y «anexando los tweets publicados dirigidos a la Ertzaintza y Policías Municipales».

Pero, a su vez, también informaba a la Fiscalía de «que no había sido posible la identificación del titular del perfil, al ser preceptiva la articulación de un procedimiento de auxilio judicial internacional para obtener la información solicitada derivada de la ubicación de la sede de la empresa Twitter». No se recoge por qué la Ertzaintza no buscó ese «auxilio judicial».

Pese a la intensa campaña del Departamento de Erkoreka hablando de delito de odio, se ve que la Fiscalía no vio nada de ellos. Así que el consejero recoge en su respuesta que «el día 16 de agosto de 2021, el Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Álava notificó el archivo de las Diligencias de Investigación 54/2021, que se seguían en la Fiscalía Provincial de Álava en relación a los hechos referidos».

Este dato de admitir la notificación de la Fiscalía en agosto contrasta con el hecho de que fuentes oficiales de la Consejería aseguraran a NAIZ ocho meses después, en enero de 2022, que «no tenemos constancia de novedad en sus actuaciones».

El caso, por tanto, no llegó siquiera a los juzgados, aunque la Fiscalía, según la respuesta parlamentaria, comunicó que «la denuncia podía ser reiterada ante el Juzgado de Instrucción competente». Cabe recordar que durante sus intervenciones públicas de mayo de 2021, el consejero Josu Erkoreka insistió una y otra vez en que serían los jueces quienes determinaran si había o no delito de odio.

Pese a la inhibición de Fiscalía y tribunales, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, cierra su escrito al Parlamento asegurando que «la Ertzaintza mantiene las diligencias abiertas, continuando las investigaciones tendentes al esclarecimiento del presunto hecho delictivo».

«Colectivos vulnerables»

El artículo 510 del Código Penal pretende proteger a colectivos agredidos «por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad».

Hay varias sentencias judiciales que absuelven denuncias por entender que los miembros de las distintas policías no constituyen un «colectivo vulnerable». Es más, organismos internacionales advirtieron al Estado español de que «los ataques a la Policía no son delitos de odio».

Quizá por ello, Josu Erkoreka señaló en la entrevista que la Ertzaintza ha sido objeto de atentados y persecución por lo que el colectivo «no está exento de vulnerabilidad».