En un escrito remitido al Gobierno navarro, Salvador Urbistondo, representante de las mercantiles Palacio de Arozteguía y Hotel Palacio de Arozteguía, comunica el inicio del procedimiento de responsabilidad patrimonial por el que reclama 43 millones de euros como compensación por la suspensión de las obras.

Esta cantidad debería abonarse tanto por el Gobierno navarro como por el español al considerar que se ha producido una dejación de funciones en materia de seguridad frente a las protestas que se han realizado en contra del macroproyecto ubicado en Lekaroz. En Aroztegia se quiere construir un complejo turístico con hotel, chalets y campo de golf que ha levantado la oposición de un gran número de vecinos de Baztan.

El escrito, presentado en agosto de 2021 y al que ha tenido acceso NAIZ, recoge una relación de actos de protesta, algunos de los cuales son simples manifestaciones en la plaza de Lekaroz, mociones aprobadas en el Ayuntamiento de Baztan contra el proyecto o declaraciones de parlamentarios como Adolfo Araiz (EH Bildu) cuestionando la viabilidad del mismo y alertando de la ilegalidad de las obras.

También se mencionan la retirada de carteles que prohibían el paso a la obra, la sustracción de las llaves de un dumper, que dos personas cortaron el paso a dos trabajadores en la plaza de Lekaroz o que varias de ellas entraron en la zona de obras. Se lamenta que las fuerzas de seguridad (ni la Policía Foral ni la Guardia Civil) intervinieran.

La acampada, en el punto de mira

Junto a ello, hace referencia a la acampada que se convocó contra las obras en Lekaroz en abril de 2021, señalando que la Guardia Civil tenía constancia de la existencia de un correo electrónico en el que se llamaba a acudir a la acampada.

«La plataforma Aroztak y la denominada asamblea joven de Baztan anuncian lo que definen movilizaciones, en definitiva sabotajes, para los próximos días», añade el escrito de la promotora de Aroztegia.

Junto a ello, destaca que el 16 de abril de 2021 se lleva a cabo la acampada y subraya que aunque hay presencia de la Guardia Civil, no se impide que se instalen tiendas de campaña y otros enseres. Incluso cita que se «realizan fogatas».

«Efectivos de la Guardia Civil acuden pero no desalojan a los acampados. Manifiestan que no pueden desalojarles hasta que no tengan órdenes de hacerlo», añade el escrito, que destaca que se pidieron explicaciones al capitán del instituto armado de Elizondo.

Al día siguiente –prosigue el texto– tiene lugar una concentración en la plaza de Lekaroz y se mantiene la acampada, con la celebración de un concierto «en presencia de la Guardia Civil, con claro incumplimiento de las medidas de seguridad en vigor por covid-19».

El escrito del promotor de Aroztegia relata que mientras dura la acampada se suceden los sabotajes a la maquinaria y que se impide el acceso a la zona de obras.

«A pesar de la presencia policial, que no interviene contra los saboteadores, las coacciones realizadas por los mismos obligan a los operarios a parar las obras. La Guardia Civil comunica al encargado de obra que no tienen autorización para hacer nada y que necesitan autorización de Delegación de Gobierno y no se la dan», añade el escrito.

Denuncia que «no ha habido ninguna respuesta en términos de defensa real del orden público, de posibilitar la ejecución de un planteamiento legal y en términos de defensa de la libertad de empresa por parte de las administraciones responsables» frente a unos hechos que «no constituyen una protesta pacífica ni una acción espontánea sino una acción planificada, violenta y de agresión a personas y bienes».

El escrito recoge también que el Ayuntamiento de Baztan instó al Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) a la ejecución de la sentencia que considera ilegales las obras de Aroztegia en respuesta a un recurso del sindicato LAB. La promotora de Aroztegia subraya en su escrito que recurrió esta sentencia ante el propio TSJN y el Supremo español. Sin embargo, meses después, en febrero de 2022, el TSJN confirma su sentencia y la ilegalidad de las obras. Durante las obras y la acampada, LAB ya advirtió de la ilegalidad de las obras.

Una larga trayectoria criminalizadora

De manera paralela a la presentación de este escrito, la promotora de Aroztegia también acudió a los tribunales para denunciar a participantes en la acampada. En este procedimiento, varios vecinos tuvieron que declarar ante el juez en Iruñea.

La promotora también denunció por prevaricación al actual alcalde de Baztan, Joseba Otondo, y a su predecesora, Garbiñe Elizegi. Otondo también tuvo que hacer frente a otra denuncia por permitir que la plaza de Elizondo acogiera una protesta contra el macroproyecto.

En esta línea de marcar a los electos de Baztan, el escrito de Urbistondo apunta que en julio de 2021 el alcalde jurado de Lekaroz, durante una sesión de la Junta General del Valle de Baztan, pidió al Gobierno navarro que anulase el PSIS de Aroztegia.