El 28 de noviembre de 2011, Juanjo Agirrezabala, entonces único parlamentario de Eusko Alkartasuna, llevó al Parlamento de Gasteiz una moción para «instar al Gobierno Vasco a apoyar la creación de un fondo de compensación del amianto y a dar pasos en ese sentido, sumándose a esa reivindicación» que encabezaba la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie). El camino entonces iniciado dará su fruto mañana en el Senado, donde cabe esperar que sin votos en contra se apruebe la Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Ha sido un camino tortuoso, donde la iniciativa de la Cámara autonómica iba decayendo por oposición del Gobierno de Rajoy o por disolución del Congreso y hasta hubo un intento del PSOE de limitar el contenido de la norma dejando fuera a los trabajadores en activo.

La propuesta presentada por Agirrezabala en el Parlamento autonómico conllevó que el 15 de diciembre de 2011 se aprobara la creación «en el seno de la Comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad, una ponencia de estudio con el fin de analizar el contenido, fines y responsabilidades de un posible fondo de compensación del amianto, dentro del contexto europeo». Decaída aquella legislatura cuando el lehendakari Patxi López disolvió la Cámara, la creación de la ponencia se retomó en 2013. 

La ponencia trabajó entre 2013 y 2016 escuchando a numerosos agentes, entre ellos Asviamie, y finalmente el 19 de mayo se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Gasteiz una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados para la creación de este fondo de compensación para las víctimas del amianto. El Gobierno de Rajoy lo rechazó porque afectaba a los Presupuestos Generales del Estado. En 2017 la Cámara autonómica rehizo la petición y la volvió a remitir a las Cortes, donde decayó por su disolución en 2019, cuando ya había un preacuerdo muy avanzado.

Pacto de los PGE con EH Bildu

Decaída la norma, el mismo 2019 el Parlamento de Gasteiz volvió a enviar la iniciativa legislativa a las Cortes y de nuevo por unanimidad.

Las negociaciones en el Congreso fueron avanzando y tuvo un impulso singular cuando a finales de 2021, EH Bildu pactó con el Gobierno español dotar con una partida de 25 millones de euros específica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este 2022.

En marzo de 2022, la Cámara autonómica sintió la necesidad en marzo de 2022 de volver a encabezar una iniciativa a la vista de que la ley solicitada corría el peligro de desvirtuarse por una enmienda presentada por el PSOE, que pretendía que el fondo beneficiaria solo a personas afectadas por el amianto por causas ajenas al trabajo, al considerar que los trabajadores «están especialmente protegidos» por la Seguridad Social y el sistema de prevención de riesgos laborales. El Parlamento de Gasteiz aprobó, con apoyo también del PSE, que «la norma que finalmente resulte aprobada no desvirtúe el texto inicial, buscando el máximo consenso posible con el fin de lograr la pronta reparación de las víctimas y sus familias». Y el PSOE rectificó.

Del Congreso, al Senado

Finalmente, el 13 de julio el Congreso aprobó por unanimidad la proposición de ley para la creación de un fondo de compensación de 25 millones de euros para las víctimas del amianto, por lo que se remitió directamente al Senado para su aprobación definitiva. El jueves pasado se dio el anteúltimo paso al ser aprobada, también por unanimidad y en los mismos términos del Congreso, en la Comisión de Trabajo de la Cámara alta.

Este miércoles se cumplirá el trámite final en el Senado. Acudirá una representación del Parlamento de Gasteiz, promotor de la ley, y se espera contar también con una delegación de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), que ha sido quien ha batallado sin desfallecer por la creación de este fondo para la reparación de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de una exposición al amianto padecidos por cualquier persona.