La reciente celebración de la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP27), y su desalentador desenlace, que aporta casi más oscuridad que luz al futuro de nuestra especie, es un contexto idóneo, aunque solo sea como contraste, para recordar que el decálogo por «una vida digna para los pueblos y el planeta», acuñado en Bilbo, lleva meses sumando adhesiones, hasta el punto de que más de medio centenar de organismos han hecho suyos los principios que en él se enumeran.

El punto de partida fue el Congreso Bizitza Jokoan celebrado en la capital vizcaina del 1 al 3 de marzo a iniciativa de Mugarik Gabe. En él participaron tres organismos de América Latina –Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras (IM-Defensoras), Asociación Maya Uk’ux B’e (Guatemala) y Centro de Formación y Realización Comunicacional-CEFREC (Bolivia)– y cuatro de Euskal Herria: ISF-Ingeniería Sin Fronteras, Zehar-Errefuxiatuekin, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto y la propia Mugarik Gabe. El objetivo, tal como explica a este periódico Jesús González Pazos, integrante de Mugarik Gabe, era «reflexionar desde diferentes sectores sobre la estrecha relación existente entre la violación a los derechos de la naturaleza, con sus derivadas en la crisis climática causada en gran medida por el sistema extractivista, y las violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos».

Fue, en cierta manera, un evento extraordinario, ya que por primera vez se trataba de definir un espacio donde confluyeran diferentes sectores sociales, políticos, académicos y del ámbito de la comunicación para hacer ese trabajo de reflexión, aunque, como apostilla González Pazos, era igualmente «un grano de arena entre las acciones que ya están llevando a cabo otras organizaciones». De esa reflexión colectiva nació el decálogo, que busca dar continuidad a ese trabajo y desarrollar una amplia campaña comunicacional y de incidencia política.

La viabilidad de la vida, en riesgo

Los agentes reunidos en Bilbo acordaron un documento que comienza destacando que «no solo hay un cambio climático, sino que estamos inmersos en una verdadera crisis ecosocial de graves consecuencias sobre el clima, las tierras y las aguas, pero que acarrea también un evidente recrudecimiento de conflictos y tensiones políticas y sociales». En definitiva, «está en riesgo incluso la propia viabilidad de la vida en el planeta».

Partiendo de esa base, llama la atención sobre «la estrecha relación entre las violaciones a los derechos de la naturaleza y las consiguientes violaciones a los derechos humanos colectivos e individuales» que, expone, «se traducen en constantes procesos que van desde la explotación irreversible del planeta, a los desplazamientos masivos de población y el despojo de sus hogares y medios de vida, desde sequías e inundaciones que producen hambrunas hasta procesos de criminalización y asesinatos de aquellas personas que defienden los derechos de la naturaleza y los derechos humanos».

«No hay prórroga en este partido, y lo estamos perdiendo», advierte el segundo punto del decálogo, donde se explica que «transcurridos cincuenta años del informe ‘Los límites del crecimiento’ (un informe encargado al MIT por el Club de Roma publicado en 1972, poco antes de la crisis del petróleo) asistimos a una confirmación acelerada de las consecuencias anunciadas, y las posibilidades para iniciar la reversión de este proceso suicida se agotan». «Urge tomar medidas que transformen este sistema económico, político, jurídico y social, basado en el expolio y explotación del planeta», apostilla el documento.

«No hay prórroga en este partido, y lo estamos perdiendo», advierte el segundo punto del decálogo,

También incide en que «el empeoramiento sistémico de las condiciones de vida de personas y pueblos trae consigo un aumento de la tensión y del conflicto político y social», de modo que, señala, «las acciones contra los procesos de empobrecimiento a los que estas crisis contribuyen deben llevar implícita una necesaria y urgente redistribución de la riqueza y dar prioridad a lo público sobre los intereses privados».

Salvar el modelo o la naturaleza

Los autores del documento, y los organismos que se han adherido a él, destacan que «en los últimos años las campañas para enfrentar la crisis climática y su derivada crisis ecosocial acertadamente señalan la responsabilidad compartida de las sociedades», pero apostillan que, sin embargo, «esas responsabilidades no son iguales», y «esta realidad se oculta deliberadamente».

«En el sistema actual, las élites económicas y políticas, que solo dimensionan el beneficio económico, son las responsables primeras en el proceso de violaciones a los derechos de la naturaleza y a los derechos humanos colectivos e individuales», apuntan a este respecto, e instan «a revertir estos procesos y a priorizar y garantizar esos derechos, haciendo de estos no una consideración más en las diferentes políticas públicas y privadas, sino una máxima de prioridad para la planificación y puesta en marcha de dichas políticas».

De igual modo, dicen estar de acuerdo «en la necesidad de articular políticas de transición en sectores como el energético, alimentario, de movilidad, etc.», pero insisten en que «el tiempo se acaba y por ello es urgente minimizar al máximo los plazos para realizar esas transiciones». Y por ello emplazan a las administraciones a «definir de forma inmediata pasos y ritmos fuera de la arbitrariedad de los intereses exclusivamente economicistas».

«El tiempo se acaba y por ello es urgente minimizar al máximo los plazos para realizar esas transiciones»

En la misma línea, y como sexto punto, el decálogo dice que «la pasividad de las políticas de las últimas décadas y la ceguera respecto a los límites del crecimiento nos llevan a la certeza, por mucho que a veces se quiera negar o maquillar, de que estamos inmersos e inmersas en la disyuntiva de salvar el modelo de desarrollo o salvar la naturaleza», y avisa: «cómo la resolvamos marcará no solo el presente del planeta, sino las condiciones o no para una vida verdaderamente digna para las generaciones presentes y futuras».

Por ese motivo, insta a ser «valientes», y apostar «a futuro sin hacernos trampas». «Se deben emprender acciones y políticas comprometidas con el fortalecimiento de las luchas en defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales, con especial énfasis en paliar la situación de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres, comunidades y pueblos indígenas que llevan a cabo estas tareas, garantizando su dignidad y seguridad y reconociendo sus trayectorias, saberes y aportes en la difícil labor de revertir el modelo que le ha declarado la guerra a la vida», considera el amplio documento, donde se alerta de que «las élites económicas y políticas no quieren cambiar el sistema».

Frente a esa negativa de los ricos y poderosos, y compartiendo la máxima de que «nada puede crecer indefinidamente en un medio finito», estos colectivos abogan por «impulsar las transformaciones antes aludidas del sistema también para construir uno nuevo, verdaderamente al servicio del cuidado de los seres vivos y de los procesos que sustentan la vida».

Y en décimo y último lugar, una afirmación; «la Naturaleza es sujeto jurídico y político de derechos y así empieza a ser reconocido por diferentes constituciones y leyes en el mundo»; y una predicción: «el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, y posteriormente su verdadera implementación, será una de las estrategias fundamentales en la lucha real contra la crisis climática y, por consiguiente, redundará positivamente en el ejercicio efectivo de todos los derechos humanos, tanto colectivos como individuales».

Advierten de que «la Naturaleza es sujeto jurídico y político de derechos y así empieza a ser reconocido por diferentes constituciones y leyes en el mundo»

Desde su aprobación, y al margen de la adhesión de más de medio centenar de entidades –aunque dos de ellas reúnen en su seno a doscientos colectivos; la Coordinadora vasca de ONG a 79, y la red Lafede, de Catalunya, a unos 120– el decálogo ha sido presentado en la Comisión Europea y en la Eurocámara, en el Parlamento de Gasteiz, en el Parlament catalán y en el Congreso español, donde sus promotores han llevado a cabo reuniones con el PSOE, por un lado, y, en coordinación con EH Bildu, con BNG, UP, ERC y CUP, por otro.

El documento se ha traslado a los partidos vascos, y según explica González Pazos, en todos ellos «la preocupación por las crisis parece evidente, especialmente la referida a la climática después del verano que hemos pasado». Pero añade que también «se perciben claramente las diferencias a la hora de abordarlas». «Hemos incidido en la urgencia de cambios estructurales del sistema, y ahí se observan nítidamente las diferencias entre quienes comparten esto y quienes se siguen negando, por activa y por pasiva, a afrontar esos cambios estructurales, confiando en que el capitalismo sabrá salir de la crisis».

Un empecinamiento que choca con el sentido común, y que lamina la esperanza compartida de poder vivir una vida digna.